Arizona niega licencias de conducir a más inmigrantes
Mediante una orden ejecutiva, la gobernadora de Arizona ya le había negado licencias a los "dreamers". Ahora, también le negarán las licencias a otros inmigrantes vulnerables, aunque tengan permiso de estadía temporal del gobierno de los EE.UU.
La División de Vehículos Motorizados de Arizona anunció ayer que ya no emitirán más licencias de conducir a extranjeros que reciban acción diferida del gobierno federal, un estatus que confiere permiso de estadía temporal, de trabajo y un número de seguro social temporal.
Arizona ha expedido más de 40,000 licencias a este tipo de extranjeros en los últimos 8 años. La condición era que tuvieran un permiso de trabajo emitido por el gobierno federal o un número de seguro social, dos de 22 documentos que Arizona acepta para otorgar licencias.
Pero en Agosto dle 2012, la gobernadora Jan Brewer hizo una excepción. Firmó una orden ejecutiva para negarle las licencias a los “dreamers”, jóvenes indocumentados que recibieron acción diferida especial (Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, siglas en inglés).
A partir de ahora, Arizona también le negará las licencias al resto de extranjeros que reciben acción diferida. Arizona es uno de dos estados del país – junto a Nebraska – que le niega licencias de conducir a jóvenes “dreamers”.
Los activistas reaccionaron indignados, porque extender la misma prohibición a todos los casos de extranjeros que tengan acción diferida significa que afectará a muchos inmigrantes vulnerables como víctimas de violencia doméstica.
“Ahora, las sobrevivientes de violencia doméstica y otros inmigrantes vulnerables que tienen acción diferida y pueden permanecer en el país sin temor a deportación no podrán recibir licencias si viven en Arizona. Esta medida es anti inmigrante y anti víctimas de violencia doméstica”, dijo Karen Tumlin, del National Immigration Law Center.
Entre los posibles afectados están inmigrantes a quienes se les permite permanecer en el país por razones humanitarias, incluyendo sobrevivientes de tráfico humano y explotación sexual.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU) afirma que la acción anterior de Brewer, negando las licencias a los dreamers, es inconstitucional y la está peleando en tribunales. En mayo, un tribunal federal halló que la medida es discriminatoria, pero no ordenó a Arizona que se abstuviera de la práctica.
