Chiquita busca anular caso

MIAMI.— Chiquita Brands International ha pedido a una corte federal de apelaciones estadounidense que bloquee una serie de demandas presentadas en Estados Unidos por miles de colombianos cuyos familiares fueron asesinados durante la sangrienta guerra civil en su país. Las demandas exigen miles de millones de dólares por compensación de daños.

La compañía, que por mucho tiempo tuvo plantaciones bananeras en Colombia, ha admitido que pagó a un grupo paramilitar colombiano de derecha 1.7 millones de dólares durante siete años.

La empresa con sede en Charlotte, Carolina del Norte, insiste en que fue chantajeada a pagar o arriesgarse a actos violentos contra sus propias operaciones y empleados, si bien en 2007 Chiquita se declaró culpable de cargos penales en Estados Unidos de haber apoyado a terroristas. Pagó una multa de 25 millones de dólares.

Las demandas colombianas, consolidadas para las acciones previas al juicio ante un juez federal en West Palm Beach, busca que Chiquita sea considerada responsable de miles de muertes a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar de derecha. Los familiares colombianos de las víctimas han ganado varios fallos clave antes del juicio, pero ahora Chiquita está llevando su lucha por la desestimación a un nuevo nivel.

Básicamente, Chiquita desea que la Corte Federal de Apelaciones del 11mo Distrito desestime la demanda porque, asegura la compañía, cada asesinato no puede ser vinculado de manera específica a la compañía. No es suficiente, argumentaron los abogados de Chiquita, asumir que los pagos de la compañía a las AUC significan que Chiquita sabía sobre tales asesinatos y los apoyaba.

Chiquita agregó que los casos de colombianos deberían de ser anulados por un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en abril pasado en un caso llamado Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum, que impuso nuevos límites a las capacidades de extranjeros de usar cortes estadounidenses para buscar responsables y compensaciones por daños por violaciones a los derechos humanos.

Es probable que pasen varios meses antes de cualquier decisión que tome la corte, que se suman a los años que miembros de familias colombianas han tenido que esperar para que las demandas sean resueltas. Los casos fueron consolidados en 2008.

Grupos de derechos humanos dicen que muchos ex paramilitares se han reorganizado en lo que llaman “bandas delictivas emergentes” implicadas en extorsión y chantaje.

Una de las mujeres que perdieron a familaires en acciones de las AUC y que se encuentran entre quienes presentaron las demandas contra Chiquita habló desde el pueblo de Apartado, Colombia.

La mujer de 48 años dijo que tropas paramilitares llegaron a su casa en 2000 mientras su esposo y un amigo trabajaban en su jardín. Los elementos les pidieron documentos de identificación y exigieron saber si había armas para las guerrillas izquierdistas ocultas en la casa. La mujer dijo que ellos registraron la casa y no hallaron nada, y ella huyó con el bebé de la pareja.

“Cuando me dejó ir, corrí con mi niña y salté el muro (del jardín). Ni siquiera sé cómo lo hice. Nunca lo había hecho antes”, dijo la mujer entre sollozos.

Cuando a regresó a su casa acompañada por vecinos, encontró a su esposo muerto a tiros en el piso de la cocina. Ahora, dijo, la demanda a Chiquita le da cierta esperanza de justicia y una vida mejor para ella y sus dos hijos pequeños.

“Lucho por mis hijos, para que ellos reciban ayuda después de todo este tiempo”, dijo.

Otra mujer, de 45 años y madre soltera de tres hijos, dijo que soldados paramilitares de derecha inicialmente obligaron a su familia a dejar sus tierras en 1997, acusándolos de apoyar a los izquierdistas. Poco después, agregó, su hermano de 17 años fue golpeado brutalmente y asesinado a tiros.

“Sigue siendo horrible para nosotros. Mi madre murió de tristeza al año siguiente”, dijo. “El rencor nunca se borra”.

Pese a estos relatos aterradores y cientos más, los abogados de Chiquita dicen que los colombianos “no presentan un solo hecho que relacione a Chiquita con ninguno de los actos de violencia tratados, mucho menos que indique que Chiquita deseaba que ocurrieran los actos violentos”.

“Altos niveles de términos generales es lo único que han ofrecido los demandantes”, aseguró Chiquita en documentos.

Los abogados de los colombianos dicen que ese argumento choca con las leyes penales estadounidenses, que generalmente hacen de quien toma la decisión en una conspiración más responsable que alguien que simplemente sigue esas órdenes. Eso también debería aplicarse a este caso civil, dicen. Chiquita, argumenta, sabía que las the AUC estaban matando civiles pese a no conocer los detalles.

“No tiene mucho sentido porque entonces la gente que dio las órdenes, pero que no sabía los nombres de las víctimas, no es responsable, y sólo quienes jalaron el gatillo hicieron algo malo”, dijo Paul Wolf, que representa a miles de los demandantes colombianos.

Aun así, Chiquita señala un fallo reciente del 11mo Circuito que determinó que a un ex ministro de Defensa boliviano no puede ser considerado responsable de asesinatos extrajudiciales pese a que viajaba en un helicóptero que conducía a personal militar a disparar. La corte falló que no existía evidencia suficiente entre las órdenes del ministro y las muertes.

Los pagos a las AUC no fueron los primeros hechos por Chiquita contra la situación del largo conflicto civil de Colombia. Previamente, las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), exigieron cientos de miles de dólares en pago de Chiquita y de otras compañías a cambio de no atacar a sus empleados y operaciones.

Las AUC se formaron en 1997 para unir a varios grupos de derecha y combatir a las FARC y sus seguidores. La campaña resultante, respaldada por líderes políticos colombianos de alto rango, resultaron en 50,000 muertes, la mayoría de civiles, y varias matanzas infames, dijeron fiscales colombianos.

Chiquita, la mayor vendedora de plátanos en Estados Unidos, primero realizó operaciones de producción y distribución de plátanos en Colombia en 1899. La compañía vendió su subsidiaria colombiana Banadex en 2004.

El segundo argumento de Chiquita involucra la reciente decisión de la Corte Suprema que implica al estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros, una ley que data de 1789 usada por los abogados que representan a víctimas de tortura, asesinatos extrajudiciales y crímenes de guerra para buscar compensaciones por daños en tribunales estadounidenses. Esa ley permite reclamos por violaciones a las “leyes de naciones”, tratados de Estados Unidos y la Ley de Protección a Víctimas de Tortura.

Chiquita señala que los cargos en las demandas colombianas no tienen relación con Estados Unidos bajo la nueva decisión de la Corte Suprema.

“En vez de eso, involucran acusaciones de que la guerrilla colombiana y grupos paramilitares torturaron y asesinaron a colombianos en Colombia”, agregan los documentos de la compañía presentados a la corte, lo que significa que un juez federal estadounidense no tiene jurisdicción.

Los abogados colombianos argumentan, no obstante, que Chiquita difiere de la compañía petrolera holandesa del caso Kiobel porque se basa en las decisiones de Estados Unidos sobre el hecho de que los pagos a la AUC fueron realizados en este país y Chiquita tiene un negocio robusto en Estados Unidos. Wolf dijo que el 11mo Circuito podría emitir un fallo que fortalecería los casos de derechos humanos que sufrieron un golpe en la Corte Suprema.

“Es una oportunidad para fijar un precedente importante y preservar esta área de la ley de derechos humanos”, dijo Wolf.