Sin derechos humanos en la República Dominicana

Guía de Regalos

El 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional Dominicano (TC) emitió la sentencia 168-13, la cual legitima actos administrativos de la Junta Central Electoral (JCE) para retirar la nacionalidad dominicana a hijas e hijos de inmigrantes indocumentados desde el 1929 en adelante. Esa sentencia afecta los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hijas e hijos de inmigrantes, en su gran mayoría dominicanas/os de ascendencia haitiana.

Se basa esta sentencia en el artículo 11 de la Constitución, que dice: “Son dominicanos todas las personas que nacieran en el territorio dominicano, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que están de tránsito en él”. En 2010, bajo el régimen de Leonel Fernández, la Constitución fue enmendada para añadirle que no son dominicanos las y los hijos de extranjeros indocumentados.

Analistas legales, incluyendo una de las juezas disidente, opinan que esta sentencia viola más de 15 principios constitucionales, entre ellos el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además tanto dentro como fuera de República Dominicana se ha denunciado esa sentencia como racista y xenófoba.

Hace más evidente el régimen de Apartheid contra dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana que ha caracterizado a esa república desde el siglo pasado. La aplicación retroactiva de las enmiendas constitucionales del 2010, que parece violentar el sentido común, le retiraría su nacionalidad dominicana hasta al extinto José Francisco Peña Gómez, prominente político y varias veces candidato a la presidencia de su país.

Como se ha argumentado ampliamente es absurdo pensar que cuatro generaciones de personas estén en “tránsito” en la tierra que los vio nacer, crecer, estudiar y desarrollarse como personas productivas a la sociedad, aportando a la economía, sembrando la tierra y construyendo viviendas para el disfrute de otros.

Este es el momento para que el pueblo dominicano se crezca y diga “Basta ya”, porque como toda nación es también un pueblo formado por inmigrantes pero además tiene actualmente una cantidad enorme de emigrantes dispersos por todas partes del mundo, y en su gran mayoría sus hijas e hijos disfrutan la nacionalidad de los países de acogida. Por ello instamos a la diáspora dominicana a rechazar esta injusticia contra hermanas/os dominicana/os cuyos únicos delitos son tener la piel más oscura y haber nacido de padres haitianos.

Hace más de 60 años las Naciones Unidas determinó que todo ser humano tiene derecho a su nombre y a su nacionalidad. La desatinada decisión del Tribunal Constitucional dominicano legitima el despojo de derechos adquiridos a millares de dominicanas/os y deja sin futuro a toda una niñez que no conoce otro país y que de ninguna forma puede responsabilizarse por el estatus migratorio de sus padres.

Ningún tribunal puede pisotear la dignidad y los derechos inherentes a las personas. En cualquier lugar del mundo ese tribunal se revelaría como un tribunal ilegítimo e inconstitucional.