Migrantes en EEUU pagan rescate por secuestros en México

IZÚCAR DE MATAMOROS, México.— El helicóptero de la policía estatal sobrevoló el poblado de Coatzingo mientras otros elementos bloquearon las salidas para impedir la fuga de seis hombres acusados de secuestro, acorralados en una operación casi impecable, excepto porque un año después, los capturados siguen sin sentencia.

Es una situación normal para el sistema de justicia mexicano que carga la mano a los juzgados sin personal suficiente para procesar los miles de delitos que se acumulan en pilas y pilas de archivos, como en la oficina del juez Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla, Alberto Bagatella.

Aquí se encuentran hoy cuatro de las víctimas de la banda liderada por un ex presidiario en Los Ángeles y presunto integrante de los Zetas, quien definió el perfil de los plagios entre la gente de su propio pueblo, Coatzingo.

Los secuestrados debían tener familiares en EEUU o haber radicado allá y el monto del rescate no sería menos a los 100 mil dólares, tal como pagaron quienes acuden a la entrevista de seguimiento con el juez Bagatella, quien se encuentra al fondo de una construcción cuadrada, de un solo piso y muy caliente.

Para llegar a él hay que pasar por un largo pasillo flanqueado por escritorios de abogados y secretarias que observan recelosos a los visitantes que avanzan como en una pasarela, ensombrerados, huaraches de cuero, pantalones de mezclilla, camisas de mangas largas.

“No se desesperen, tenemos el 80% de los avances, sólo falta un careo con los inculpados”, suelta el juez desde su oficina, donde recibe a los agraviados que se miran entre sí, incrédulos.

Bagatella recibe un promedio de dos casos diarios de crímenes cometidos en 17 comunidades del municipio, entre ellos, un caso por secuestro cada mes. Desde 2012 acumula 18 raptos con fines de lucro, entre los cuales se incluye dos descabezamientos de víctimas.

“Estamos cansados de venir a repetir lo mismo, nuestra declaración no va a cambiar”, responde José V., quien trabajó 20 años en Los Ángeles para acumular un capital que los malandrines le arrebataron en una semana.

Y para agravar el cuadro, él y los otros tres hombres tienen que dejar sus sembradíos para viajar constantemente dos horas hasta la cabecera municipal para enfrentarse cara a cara a los verdugos que han identificado personalmente, aunque ellos rechazan las acusaciones. Se defienden con tres abogados que argumentan falsedad de declaraciones.

El juez ya declaró acto de formal prisión por secuestro, posesión de armas de fuego y tráfico de marihuana y cocaína a Odilón Alonso Nava y su hijo Miguel Alonso Barrales; para Domingo Guzmán Orea, Delfino Maceda Barragán, Mauricio Leyva Muñoz y Julio Solís Nieto que se encuentran en una cárcel de Izúcar de Matamoros.

En la espera de la sentencia, los denunciantes viven en constante tensión. Principalmente porque reciben amenazas de muerte por teléfono. Además, las familias de los inculpados viven cerca de ellos, se las encuentran en la calle, cruzan miradas intimidatorias, amenazantes, como a punto de saldar una venganza.

“Es una tortura todas las tardes esperar a que lleguen con bien nuestros hijos”, confiesan. “Cuando ya todos están en casa es un alivio cerrar la puerta y poner el cerrojo”.

La inestabilidad emocional por la inseguridad en la región no se concentra en las víctimas. Bagatella afirma que la falta de presupuesto del Tribunal Superior de Justicia de la Nación para otorgarle una escolta lo deja a veces indefenso hasta el insomnio desde hace 26 años.

“No tengo miedo de dictar un fallo cuando hay todos los elementos que prueban la culpabilidad y esta ocasión no será una excepción, sólo hay que esperar”.