Cuando nos definen quienes nos desprecian

La sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a más de 250, 000 dominicanos de origen haitiano, incluyendo a tatarabuelas nacidas en territorio nacional en el 1929, ha suscitado el rechazo de los sectores de buena voluntad en el país y en la diáspora. Las juezas que emitieron el voto disidente, tildando la sentencia de causar la “desnacionalización”, y el atropello a la dignidad humana, representan la conciencia de nuestro pueblo aquí y allá.

La República Dominicana nació adscrita a preceptos de inclusión. El primer acto jurídico del país fechado 1 de marzo de 1844 abolió “para siempre” la esclavitud y eliminó el privilegio racial típico de la colonia. Semanas después, la república se declaró santuario para los esclavizados del mundo, ofreciéndoles libertad y ciudadanía con solo pisar tierra dominicana.

El Tribunal redefine nuestra nacionalidad valiéndose de preceptos antidominicanos como la homogeneidad. Se inventa un pueblo poseedor de una idiosincrasia particular y aspiraciones colectivas al compartir un conjunto de razgos históricos, lingüísticos y hasta raciales. Ningún compatriota serio podrá apoyar tal visión.

La apoyan los antidominicanos de siempre como José Ricardo Taveras Blanco, Director General de Migración, invocando el derecho “de establecer… nuestra política de nacionalidad”; el militante derechista Nicolás de Jesús López Rodríguez, Cardenal y General de Brigada, quien celebra la sentencia, mofándose de los voceros de los derechos humanos y alegando que “aquí mandan los dominicanos, … nadie más”; y Leonel Fernández Reyna, expresidente por tres términos y aspirante a regresar en las próximas elecciones.

Taveras Blanco se dio a conocer cuando un grupo pseudonacionalista anunció una marcha antihaitiana y él saludó solidariamente dicha acción. López Rodríguez se conoce por la iracundia de su prédica contra los sectores menos poderosos en la sociedad. Al decir que “aquí mandan los dominicanos” evidentemente está pensando solo en su grupito.

A Fernández Reyna se le conoce por su apoyo a la poderosa firma minera canadiense Barrick Gold, permitiéndole extraer oro de las montañas del país sin beneficiar al Estado dominicano, además de contaminar el suelo y promover la deforestación. Aparentemente, le importaba más la prosperidad de la Barrick Gold que evitar a nuestros niños beber cianuro en los ríos del país.

Ningún gobierno tiene derecho a redefinir la nacionalidad de la noche a la mañana para lastimar segmento alguno de la población. Tiene la fuerza porque cuenta con el poder militar, pero no el derecho. Trujillo en el 1937 tuvo la fuerza y nos definió como nación genocida. La sentencia de “nuestro” Tribunal pisotea el precepto patrio del 1844 para aliarse al maléfico precedente Nazi que dio pie a todo tipo de pogromos.

Al abstenerse de respaldar la sentencia y declarar que “ahí hay un drama humano que debemos resolver”, el Presidente Danilo Medina nos hace pensar que le importa su pueblo. Ahora deberá decidir si desea pasar a la historia acompañado de la caterva antidominicana que mientras más nos deprecia, más se empecina en gobernarnos o la de los compatriotas que en 1844 aceptaron la riqueza de nuestra diversidad, definiendo la dominicanidad con miras a incluirnos a todos.

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