Informe revela que “Stop & Frisk” en NYC es un fracaso
Sólo un 3% de las paradas bajo la práctica policial culminaron en declaraciones de culpabilidad o condena
El 90% de las detenciones y cateos realizados por la Policía de Nueva York han sido contra latinos y afroamericanos. Crédito: EDLP / Mariela Lombard
NUEVA YORK — ¿Qué logran los policías cuando paran y registran? Normalmente, nada. Sólo un 3% de las paradas bajo la práctica policial de “parar y registrar” (Stop & Frisk) resultaron en declaraciones de culpabilidad o condena en un juicio, según un informe que será dado a conocer hoy por la oficina de la Fiscalía General del estado.
El reporte analizó 2.4 millones de paradas policiales entre 2009 y 2012. De las mismas, cerca de 150,000 personas fueron arrestadas, y aproximadamente la mitad de estos arrestos no resultaron en ninguna condena, bien sea porque los detenidos no fueron procesados o porque sus casos fueron desestimados.
“Esperamos que el análisis contribuya al debate sobre cómo luchar contra el crimen sin sobrecargar nuestras instituciones o violar la justicia equitativa bajo la ley”, dijo el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.
Entre tanto, Carlos Buitrago —que fue detenido en El Bronx en 2010 bajo la mencionada práctica— expresó que “esto sólo confirma la injusticia que comete el Departamento de Policía contra las personas, cuando sólo son detenidas por cómo lucen o por lo que se denomina perfil racial”.
Asimismo, el examen concluye que sólo el 0.3% de las paradas condujeron a penas de cárcel de más de 30 días, y el 0.1% dio lugar a condenas por un crimen violento.
El programa “parar y registrar” de la Ciudad de Nueva York es una práctica del Departamento de Policía mediante la cual los uniformados detienen, interrogan y requisan a una persona sin previa orden de cateo, por armas y otras posibles contravenciones como puede ser la posesión de drogas. En 2011, fueron detenidos 685,000 individuos, un gran porcentaje de ellos afroamericanos e hispanos.
En el reporte se mencionan los daños colaterales que el procedimiento implica para las personas detenidas, independientemente del resultado final del caso, como posible pérdida de empleo, vivienda, préstamos estudiantiles, efectos en el estatus inmigratorio y la creación de un incentivo para que se declaren culpables de delitos.
