Los muertos vivos
Roberto Ortiz, Luis Lázaro Viera, Rudy Martínez, y Elisa Castillo, son personas desconocidas por el pueblo latino. Cada uno tiene un cuento que refleja la injusticia del sistema penal estadounidense. Para ellos no hay escape porque han sido sentenciados a pasar su vida en la cárcel.
Ninguno es asesino o violador. Ninguno fue convicto de cualquier crimen violento. Ortiz y Castillo nunca tenían antecedentes criminales antes de ser sentenciados. En cada de los casos las acusaciones redondean en el narcotráfico. Tal es el precio que exigimos como sociedad en lo que se denomina como la guerra contra las drogas.
Ortiz, Viera, Martínez y Castillo narran sus trayectorias en un nuevo informe de la ACLU, “La muerte en vivo: Sentencias de vida sin libertad condicional para delitos no violentos.” El informe documenta que hoy día hay más de 3,200 confinados en cárceles federales y estatales que entran al sistema correccional a la edad promedio de 30 y vivirán encarcelados hasta su último respiro. Algunos morirán encarcelados por solo hacer una venta de cocaína, o estar en posesión de una pipa de “crack”, o posesión de una onza de marihuana. Otros reciben esta sentencia de vida sin libertad condicional al intentar a cambiar un cheque robado, robar tres correas de una tienda, o entrar a fuerzas a una licorería en el medio de la noche.
En el sistema penal del gobierno federal, donde se encuentra la mayoría de confinados recibiendo estas sentencias por delitos no violentos, 624 personas o 21% del total, son latinos. En la Florida, entre los cuatro estados con la cantidad más grande de latinos, hay 240 personas sentenciadas a muerte por vida sin cometer ningún crimen violente. Ambos sistemas, el federal y el de Florida, permiten o requieren sentencias de vida sin libertad condicional aun cuando el acusado nunca tuvo un récord criminal.
Elisa Castillo pensó que su inversión en autobuses de turismo entre Houston, Texas y Méjico era un negocio legítimo pero su novio los utilizó para el narcotráfico. Al no tener información de la conspiración criminal, ella recibió la sentencia más dura de todas las 68 personas que fueron arrestados. Su novio recibió una sentencia de 25 años. Ella morirá en la cárcel donde hoy, a sus 57 años, todos la llaman “abuela.”
Roberto Ortiz se crio en Puerto Rico, nunca superó el cuarto grado de escuela elemental, y casi no hablaba inglés cuando fue arrestado en Florida. Acusado de ser parte de una red de ventas de heroína, el detective clandestino en el caso tuvo que admitir que nunca lo había conocido, que la voz de Ortiz nunca fue grabada en comunicaciones telefónicas, y que Ortiz no estuvo presente en la venta de drogas. Sin ningún antecedente criminal, el juez tuvo que implementar la sentencia mandatorio de vida sin libertad condicional.
Vale señalar que la sentencia promedio en este país por homicidio es catorce años. La ACLU proyecta que los gastos colectivos de mantener encarcelados estas 3,200 personas que nunca cometieron un crimen violento, sobrepasan $1.7 mil millones.
El alcaide del sistema estatal de Louisiana, Burl Cain, comentó en el informe “Yo necesito mantener al predador en estas antiguas cárceles grandes y no ancianos a punto de morir.”
Ahí está el punto clave. ¿En qué sirve esta obsesión penal que tenemos en este país para castigos severos que no rehabilitan y que no tienen sentidos para personas que no cometieron delitos violentos?
