Uruguay cubre vacantes con transexuales
El Ministerio de Desarrollo Social lanza la convocatoria donde también están incluídos los travestis y los transgénero
Es la primera vez que Uruguay convoca a la comunidad lésbico-gay para formar parte del gobierno. Crédito: EFE
Uruguay.- Siete puestos vacantes en el Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay serán llenados con un concurso abierto sólo para “personas trans”, informó este jueves el portavoz de esa cartera.
Están incluidos dentro de esa categoría los transexuales, los travestis y los transgénero.
“Son tres categorías que integran este grupo excluido y discriminado. Es una población que por su identidad de género sufre una discriminación que arranca en la expulsión familiar, la desafiliación educativa y las dificultades para acceder al trabajo formal, las cuales en el 95% de los casos condenan a estas personas al trabajo sexual, no como una elección sino como salida de supervivencia”, dijo a The Associated Press Andrés Scagliola, responsable de las políticas sociales del ministerio.
Agregó que “intentamos con este mecanismo corregir esto. Hoy lo socialmente esperado para una persona trans es dedicarse a la prostitución. Esto intenta transmitir el mensaje de que otro tipo de vida es posible“.
Esta es la primera vez que una repartición del Estado uruguayo hace una convocatoria de estas características. Scagliola dijo que los funcionarios administrativos estarán en cargos de portería para que sean “visibles por la sociedad”.
El funcionario estimó que unos 1,200 uruguayos están comprendidos dentro de estas categorías. Hasta septiembre 576 habían tramitado una tarjeta social que les otorga el equivalente a unos $47 mensuales en alimentos y artículos de limpieza.
Los postulantes deberán presentar una declaración jurada donde conste que su calidad de trans tiene al menos dos años de antigüedad. Quienes ganen el concurso serán contratados por un período de prueba de 15 meses y si su desempeño es bien evaluado podrán quedarse con el cargo en forma definitiva. El sueldo bruto será equivalente a unos $900.
El diputado opositor Pablo Abdala criticó el llamado por entender que se requiere de una ley que habilite a emprender una acción de “discriminación positiva“, según escribió en su cuenta de Twitter.
Scagliola dijo que si existiera una ley sería mejor, pero que nada prohíbe que una dependencia del Estado realice un llamado de este tipo.
