El principio del final de ‘parar y revisar’

Pocos se dieron cuenta, pero el viernes pasado se dictó lo que al parecer fue la sentencia final en contra de “parar y revisar”, la controvertida práctica policial de detener y catear a personas sin cumplir con los estándares constitucionales.

Así es. Aunque pocos lo saben, “parar y revisar” es constitucional. El problema surge —y ha estallado— desde que el Departamento de Policía de Nueva York ha ignorado de forma flagrante y sistemática el mandato de la Corte Suprema: se necesita sospecha razonable al realizar dichos cateos. Cualquier otro estándar es ilegal.

Pero el debate de lo que debe o no debe hacer la policía pronto cesará. Con el fallo del viernes, que desestimó la petición del alcalde Michael Bloomberg de anular el dictamen de la jueza Shira Scheindlin —quien determinó que la policía sí violó los derechos constitucionales de millares de latinos y negros—, el caso ya está decidido. La ciudad buscó la anulación porque, según ésta, la jueza no falló de manera imparcial, sino que prejuzgó el caso indebidamente.

La corte de apelaciones rechazó ese argumento. Según el tribunal de alzada, el fallo de la jueza Scheindlin sigue en pie, aunque no puede entrar en efecto mientras el caso permanezca en tribunales.

¿Qué significa esto en términos concretos? Procesalmente, la apelación sigue su curso, pero no habrá intercambio de escritos ni alegatos orales entre las partes hasta marzo del próximo año, tal como lo había determinado en un principio el tribunal.

Este momento adecuado surge precisamente porqué “parar y revisar” tiene los días contados. El alcalde Bloomberg, de forma estratégica, buscó desesperadamente la anulación del fallo antes de terminar su mandato. Fue su último intento de legitimar una práctica que, en su estimación, ha sido todo un éxito en reducir la tasa de criminalidad. Qué importan los derechos de las minorías neoyorquinas.

Pero al ser denegada su petición, Bloomberg se quedó sin ningún recurso legal a su disposición. El tribunal le obligó esperar hasta marzo. Pero como sus funciones terminan a fin de año, eso significa que las riendas del caso le pertenecen al alcalde-electo Bill de Blasio, quien ha prometido retirar la apelación e impulsar reformas profundas al régimen de “parar y revisar”.

Hay otros asuntos que aún quedan pendientes en el ámbito judicial, como la remoción de la jueza Scheindlin del caso —reemplazada por la jueza Analisa Torres, quien lleva menos de un año en el cargo tras ser designada por el presidente Barack Obama—, lo que en sí se ha transformado en un cuasi-escándalo en círculos legales. Y sindicatos de policía han pedido hacerse parte del caso para defender los intereses de los uniformados. Pero estos son temas secundarios.

Lo que realmente importa es que todos los esfuerzos legales, las movilizaciones sociales y la promesa de una nueva administración, se han alineado de manera perfecta en la lucha contra una práctica que, a todas luces, es inconstitucional. La orden del viernes fue el golpe final.

El proceso ha sido largo, pero ha valido la pena. La sistematización policial de “parar y revisar” tiene los días contados.