Miami aprueba norma que beneficia a indocumentados

Miami — Activistas de inmigración y legisladores locales celebraron este miércoles la aprobación de una normativa que limita la colaboración de las autoridades del condado de Miami-Dade con el Gobierno nacional para detener a inmigrantes que viven sin autorización legal en Estados Unidos y que podría dejar en libertad a cientos de personas que permanecen encarceladas por delitos menores.

Aunque otras ciudades del país han aprobado normativas similares, el condado de Miami-Dade se ha convertido en el primero del estado de Florida en frenar los pedidos de detención de inmigrantes que formulan las autoridades federales amparadas en el programa Comunidades Seguras, implementado desde 2008.

“Hoy estamos aquí celebrando una gran victoria… estamos muy felices. No podríamos estar más contentos”, expresó Saraí Portillo, activista del Centro de Trabajadores de Miami. “La comunidad puede confiar ahora en que la Policía no los entregará a la migra (autoridades de inmigración)”, dijo en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Gobierno Stephen Clark del centro de la ciudad.

La legislatura del condado de Miami-Dade aprobó por unanimidad una resolución que obliga al Gobierno nacional a reembolsar al condado de Miami-Dade el dinero correspondiente a las detenciones como condición para que las autoridades locales respeten las órdenes de detención federales.

La resolución, cuya implementación sería inminente, establece que el departamento de prisiones del condado cumpliría con la solicitud de detención si el Gobierno federal le enviara el dinero y los inmigrantes en cuestión tuvieran una condena por un delito grave o estuvieran acusados de un delito por el que no pudieran salir en libertad bajo fianza. Las autoridades locales, sin embargo, se negarían a detener a las personas que no tengan antecedentes criminales graves o que hayan cometido delitos menores.

“Obviamente los inmigrantes en nuestra comunidad que viven aquí desde hace años pagan impuestos, tienen niños estadounidenses y han cometido infracciones menores, como infracciones de tránsito, son los principales beneficiarios (de la normativa)”, manifestó Cheryl Little, directora ejecutiva de la organización de ayuda a inmigrantes Americans for Immigrant Justice.

Aclaró, sin embargo, que “toda la comunidad se beneficia porque muchos inmigrantes tienen miedo de reportar delitos a la policía (por temor a ser detenidos y deportados), sean víctimas o testigos de delitos. Y eso hace que todos estemos menos seguros”.

Hasta ahora, el condado de Miami-Dade respondía a los pedidos de detención de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) y mantenía detenidos inmigrantes aún en casos en que debían ser liberados por tratarse de transgresiones menores, como manejar sin licencia de conducir, por ejemplo. Las autoridades estiman que el costo diario por cada detenido es de 142 dólares, valor que el gobierno nacional no ha financiado.

El programa Comunidades Seguras prioriza la deportación de extranjeros que han sido convictos por la justicia por haber cometido delitos graves y que representan un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, y a fugitivos cuya deportación ha sido ordenada por un juez de inmigración.

A través de este programa las huellas dactilares de cualquier persona que ingresa en una cárcel local o del condado son enviadas al Departamento de Seguridad Interna del Gobierno nacional, que las compara con datos en archivos migratorios.

Cuando las autoridades federales creen que un detenido se encuentra ilegalmente en el país o no es ciudadano estadounidense, ICE emite una orden de detención migratoria, llamada “detainer”.

Esa orden pide a las autoridades locales que retengan al sospechoso durante un tiempo adicional para evaluar si puede ser deportado y quedar bajo custodia federal.