El ‘Deportador’ en Jefe

No soy un admirador de Nancy Pelosi. De hecho, nunca he estado de acuerdo con ella en nada. Pero, curiosamente, hace unos días dijo algo sobre lo cual tengo que darle toda la razón. En un programa dominical de análisis noticioso critico severamente la política de deportaciones masivas del presidente Obama declarándola “injusta” y reafirmando su creencia de que “si alguien está aquí sin suficientes documentos, eso no es una razón para deportarlo”.

Más claro no canta un gallo. Solo en el primer cuatrienio de Obama, del 2009 al 2012, se removieron más de 1.5 millones de personas, y el año pasado más de 409,000 personas fueron deportadas.

Pero, peor aún, el presidente, incumplió con su promesa de que su administración se enfocaría prioritariamente en deportar a personas que han cometido delitos graves. Las propias estadísticas del Departamento de Seguridad Interna demuestran que, en los primeros cuatro años de esta administración, más de la mitad de las personas deportadas no tenían antecedentes penales. Y, el año pasado, alrededor de un 45 por ciento de los deportados, más de 180,000 personas, no tenían record criminal grave.

El Departamento de Seguridad Interna acaba de hacer públicas las estadísticas para este año y parece que las cosas han mejorado. Aunque el número de deportaciones se mantuvo alto, más de 360,000 fueron deportadas; de las personas sin antecedes penales que fueron removidas, un 84 por ciento fueron detenidas tratando de cruzar ilegalmente la frontera. Hay que reconocer que el presidente finalmente está empezando a ajustar el enfoque de las deportaciones, pero hay que admitir al mismo tiempo que el daño ya está hecho.

Reconozco que hay muchos republi canos que consideran que las deportaciones en masa están justificadas. Pero, estos no controlan el poder ejecutivo. La realidad es que el presidente tenía toda la autoridad en ley para detener estas deportaciones y no lo hizo. La Ley de Inmigración y Nacionalidad le otorga gran discreción al Departamento de Seguridad Interna para determinar cómo proceder con inmigrantes indocumentados que son detenidos.

En el reciente caso de Arizona v. U.S., en el que el Tribunal Supremos consideró la constitucionalidad de varias disposiciones de la controvertible ley anti-inmigrante de Arizona, el Juez Kennedy dejó claro que: “una de las principales características del sistema de remoción es la amplia discreción que ejercen los oficiales de inmigración.

La equidad de un caso individual dependerá de muchos factores, incluyendo si una persona tiene hijos que han nacido en los Estados Unidos, vínculos de mucho tiempo con la comunidad, o un record de servicio militar distinguido.”

El presidente, en efecto, utilizó esta discreción que le da la ley para otorgarle la llamada “acción diferida” a aquellas personas que entraron al país ilegalmente cuando eran menores de edad de manera que no sean deportadas y puedan quedarse en el país a trabajar o estudiar. Si la usó para los “soñadores”, la podía haber utilizado para impedir la deportación de gente trabajadora y honesta.

Es hora que el presidente deje de culpar a los republicanos por todo lo malo que sucede a través del sistema de inmigración. Que no quepa duda: aunque las recientes estadísticas nos deben dar esperanza, el legado de este presidente como un “deportador en jefe” ya ha sido registrado por la historia.

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