Michoacán, prueba de fuego para Peña Nieto
Muertes civiles crean malestar; urge una estrategia clara del Gobierno, dicen los analistas
Familiares de una de las víctimas de los enfrentamientos de las autodefensas con el Ejército en la población de Antúnez. Crédito: Agencia Reforma
MÉXICO, D. F.— El Gobierno federal mexicano debe atacar de raíz el problema de seguridad en Michoacán, persiguendo a los líderes del cártel de los Caballeros Templarios.
Esa es la conclusión de varios analistas, consultados luego de una intervención militar que ocasionó la muerte de cuatro civiles, entre ellos una niña de 11 años, en la zona de Parácuaro.
“El Gobierno está actuando como actuaría cualquier Estado del mundo para controlar el monopolio de la fuerza pública, pero lo que no está claro es si puede realmente poner orden”, advirtió Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“Si por ese desarme muere gente de las autodefensas en manos de los Caballeros Templarios que se quieren vengar, el costo político y de imagen para el actual Gobierno sería muy alto”.
Familiares velaron ayer a los fallecidos en los enfrentamientos que se registraron cuando soldados pretendían desarmar a autodefensas en Parácuaro.
Durante el primer año de su mandato, Peña dejó crecer y apoyó a través de la Policía Federal la expansión de las autodefensas en municipios sometidos a los Templarios, una organización que derivó de la Familia Michoacana.
La Familia Michoacana nació a principios del milenio para enfrentar las fechorías de grupos de Zetas, entonces aliados del cártel de Jalisco, que comenzaron por su cuenta a extorsionar y secuestrar a la población a la par del tráfico y producción de droga. La situación empeoró con los años.
Para 2006 el presupuesto anual destinado al combate a la inseguridad michoacana era de alrededor de 1,800 millones de dólares sumando las partidas federales y las estatales; para 2013, de 2,300 millones de dólares.
“Al llegar Peña aceptó a las autodefensas porque se dio cuenta de que tenían legitimidad al exigir seguridad por su cuenta después de más de una década sin protección real a pesar de los operativos del Gobierno”, dice Raúl Benítez, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante su sexenio, el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) arrancó en Michoacán una política de confrontación directa a los cárteles sin mucho éxito, a decir de los pobladores que desde esas fechas lidian con un promedio de 2,200 asesinatos anuales y una guerra entre civiles.
“Al principio, el nuevo Gobierno apostó por apoyar a las autodefensas, pero ahora parece que le dio miedo provocar un gran enfrentamiento, una gran masacre de civiles”, observó Benítez. “Lo mejor que puede hacer ahora para tener el control es decretar en la región un estado de sitio”.
En las últimas semanas, los grupos de autodefensa de la región de la Tierra Caliente en Michoacán avanzaron armados por diversos municipios controlados por el crimen organizado al que arrebataron el control de la seguridad.
