Petición formal pide a DHS detener las deportaciones

Grupo presenta argumentos legales y constitucionales para que se extienda la “acción diferida” a 11 millones de indocumentados
Petición formal pide a DHS detener las deportaciones
Los activistas reclaman que las deportaciones están separando a familias inmigrantes que viven decentemente en EEUU.
Foto: Archivo

Washington – Convencidos de que el presidente Barack Obama sí puede frenar las deportaciones, activistas pro-inmigrantes entregaron este martes una petición al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que cese las expulsiones y dé un alivio temporal a los indocumentados.

En un documento de 42 páginas, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y un grupo de seis indocumentados presentaron los argumentos legales y constitucionales que, aseguran, no dejan duda sobre si Obama puede o no ampliar la “acción diferida” a 11 millones de indocumentados.

“Creemos que con esta petición ponemos punto final al debate legal sobre si el Presidente tiene el poder de frenar las deportaciones, y nos centremos en si lo usará o no”, dijo a La Opinión Jessica Karp, abogada de NDLON.

La Constitución le da esa autoridad, y el Tribunal Supremo ha reafirmado el poder constitucional del Presidente de usar la discreción procesal, que es muy amplia… el Congreso no puede quitárselo”, explicó Karp.

“Solo el Congreso puede aprobar la legalización, pero el presidente sí puede suspender las deportaciones”, enfatizó.

El documento pide que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adopte un reglamento que “suspenda las deportaciones de trabajadores inmigrantes indocumentados, de sus cónyuges, padres e hijos, y les dé un estatus de acción diferida”, como la que obtuvieron los “dreamers” en agosto de 2012.

Ese reglamento promovería la “prudente” asignación de recursos fiscales y “evita la innecesaria deportación de quienes contribuyen a nuestra economía y son parte de nuestra comunidad”, indica el documento.

Además, facilitaría soluciones legislativas a la crisis migratoria, argumenta el documento que, según Karp, fue elaborado tras una “extensa investigación”.

En declaraciones a La Opinión, el portavoz del DHS, Peter Boogaard, reiteró la postura del Gobierno de que el maltrecho sistema migratorio “requiere serias soluciones legislativas” que incluyen “una reforma migratoria de sentido común”.

Según Boogaard, el DHS sigue dando prioridad a la expulsión de extranjeros condenados por delitos; las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública; los que han cruzado recientemente la frontera o reinciden en ese delito, y los fugitivos por infracciones migratorias.

La “acción diferida” para los “dreamers” ayuda al DHS a canalizar bien sus recursos, pero no es la “solución permanente”, que depende del Congreso, subrayó Boogaard, quien no precisó cuándo responderán al documento.

La petición incluye a seis indocumentados, entre éstos a José Luis Piscil, quien acudirá a un tribunal de inmigración el próximo 16 de marzo que determinará su deportación.

El resto del grupo está conformado por Aníbal Fuentes Aguilar, Bertha Avila, Héctor Danilo Ruiz, y José Mejía, todos con hijos nacidos en EEUU, y Noemí Romero, una joven de Arizona que no pudo ampararse al programa de “acción diferida” por enfrentar cargos de usar papeles falsos en su trabajo.

“A menos que el presidente Obama acepte nuestra petición, 1,100 indocumentados seguirán siendo expulsados a diario”, advirtió Karp.

Maria.pena@impremedia.com

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