Anticonceptivos vs. Corporaciones

El próximo mes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará un caso presentado por dos corporaciones, Hobby Lobby y Conestoga Wood Specialties Corp., quienes argumentan que no deben verse obligados bajo la Ley del Cuidado de Salud (mejor conocida como Obamacare) a incluir los anticonceptivos como parte del plan de seguro medico de sus empleados. Ese argumento se basa en el estatuto que protege la libre expresión de la religión bajo la Primera Enmienda de la constitución federal.

Estas dos corporaciones insisten que esas leyes aplican tanto a corporaciones como a seres humanos, y que la corporación tiene derecho a practicar una religión. Y las creencias religiosas de los dueños de estas dos compañías, y unas cuantas más que también han radicado casos, les prohíbe usar anticonceptivos y, argumentan, también les prohíbe proveérselos a sus empleados a través de su plan médico. Es importante destacar que no estamos hablando del derecho de ellos como individuos a usar o no los anticonceptivos en su vida privada, sino del poder que podrían ejercer como corporación en decidir cuáles deben ser las decisiones tomadas por sus empleados en cuanto a su salud reproductiva.

La Corte Suprema ya ha concluido antes en una controversial sentencia que las corporaciones tienen ciertos derechos bajo la Primera Enmienda. Pero sí concluyen que las corporaciones tienen el derecho a ejercer una religión, será la primera vez. Se desconoce todavía exactamente dónde reside el derecho y quien lo podría ejercer. ¿El dueño? ¿La junta directiva? ¿Los accionistas?

No hay razón para que estos dueños usen la estructura corporativa para implementar políticas represivas que puedan ir en contra de las mismas creencias religiosas, valores o principios de sus empleados, quienes se ven obligados a aceptarlas o perder su trabajo. Bajo el nombre de Dios se han justificado barbaridades como esclavitud, tortura, guerra, discriminación, persecución, y ahora impedir el acceso a la salud. El derecho a la salud, que incluye la salud reproductiva, es un derecho humano reconocido en varios convenios internacionales y nadie debe poder impedirlo, sea cual sea la supuesta razón.

La incorporación de los anticonceptivos en el seguro médico – sin que las mujeres tengan que pagar por ellos – es resultado de la lucha de muchos años por una salud asequible, accesible y de calidad. Organizaciones por todo el mundo han documentado lo que pasa cuando las mujeres no tienen acceso a los anticonceptivos asequibles: Desde embarazos no deseados hasta riesgos a la salud, menos oportunidades de participar en la fuerza laboral, y la pérdida de control sobre su capacidad de decidir cómo y cuándo tener hijos.

Las personas como individuos tienen todo el derecho de practicar libremente su religión, si lo desean. Pero utilizar su negocio para controlar los cuerpos y decisiones de mujeres me recuerda a prácticas semejantes en tiempos no muy lejanos, que no deberían regresar. En nombre de la religión se pueden hacer muchas cosas para el bien de una sociedad, pero violar los derechos humanos no es una de ellas.