Cámara Baja “deplora” represión en Venezuela
La resolución fue aprobada con 393 votos a favor y uno en contra.
Washington, D.C. – La Cámara de Representantes aprobó por mayoría abrumadora una resolución que “deplora” los actos de represión a opositores en Venezuela y pide que la OEA intervenga para frenar la violencia en ese país.
La resolución, la cual delinea seis puntos fundamentales, fue aprobada con 393 votos a favor y uno en contra y, aunque no es vinculante, sí tiene gran carga simbólica porque deja constancia del rechazo al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La medida expresa apoyo al pueblo venezolano en su lucha por la libertad de expresión; “deplora” los actos que desoyen el imperio de la ley y la “inexcusable violencia contra líderes de oposición”, y pide el apoyo de la comunidad internacional para “alentar un diálogo” entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
También urge al Departamento de Estado a que, en concierto con otras naciones, tome “pasos significativos” para asegurar el respeto de las libertades fundamentales en Venezuela.
Además insta a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a su Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que busque la forma más expedita de “frenar la violencia en Venezuela, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana”.
El documento por último apoya los esfuerzos de organizaciones multilaterals para que presionen al Gobierno de Venezuela a que respete los derechos y libertades civiles en ese país.
La legisladora republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, aplaudió el voto abrumador a favor de la medida pero consideró que la labor aún no termina.
“La solidaridad es merecida, y ahora debe ser respaldada con acción para ayudar a salvar las vidas del pueblo venezolano que está sufriendo”, explicó Ros-Lehtinen. “Por eso estoy circulando una carta dirigida al presidente Obama que insta a la Administración a sancionar a los que violan los derechos humanos en Venezuela”.
Entre las sanciones que propone la legisladora cubanoamericana figura el negarles visas de entrada a Estados Unidos, bloqueo de sus bienes y propiedades en este país, y privarles de realizar transacciones financieras.