Defensor de derechos, no de asesinos
Pocos conocen al neoyorquino Debo P. Adegbile. Después de lo que le ocurrió recientemente en el Senado estadounidense, lo más probable es que pocos lo lleguen a conocer.
Adegbile, abogado de profesión, fue nominado por el presidente Barack Obama para dirigir la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El Senado rechazó su nominación.
El pecado capital de Adegbile, según la cámara alta del Congreso: defender a un asesino.
Cuando Adegbile trabajaba para la NAACP, la reconocida organización de derechos civiles, representó a Mumia Abu-Jamal, un hombre condenado a la pena de muerte por asesinar a un policía en Filadelfia. En política y en la vida, no caen muy bien los que matan a policías.
La defensa de Adegbile, eso sí, no se centró en insistir que Abu-Jamal era inocente; el jurado ya lo había condenado. Adegbile lo representó después de su sentencia, argumentando que el juez que lo condenó cometió un error procesal que violó los derechos constitucionales de su cliente.
¿Por qué se involucró la NAACP? Porque la pena de muerte, históricamente, se ha aplicado de forma racista y desproporcionada a más negros que blancos. La NAACP decidió apelar la sentencia sólo para dejar constancia de que, según la Constitución, motivos raciales no pueden formar parte del proceso condenatorio. Nunca. Dos cortes de apelaciones, en 2008 y 2011, le dieron la razón a la NAACP.
Aun así, el Senado se dejó llevar por el coro de parlamentarios que tildaron a Adegbile de “defensor de asesinos” o peor, “cop killer”, y rechazaron su designación a un órgano federal cuya principal labor es la defensa de los derechos civiles, precisamente por defender los derechos civiles de alguien.
Lo que hizo el Senado no es solamente insólito, sino que sienta un terrible precedente, por varios motivos.
Primero, porque todos tenemos derechos constitucionales, entre los cuales se encuentra el derecho a ser representado por un abogado en causas penales. Al rechazar a Adegbile por representar a un hombre poco popular que igual tiene derechos, el Senado le dio una bofetada a todos aquellos abogados que representan a personas mal vistas por la sociedad.
Segundo, lo que hizo el Senado fue denigrar la vocación al servicio público. Ser un abogado de derechos civiles o defensor público no es tan lucrativo como ser un abogado corporativo. Se gana mucho menos defendiendo a un latino acusado de robarse una bicicleta que a un ejecutivo de Wall Street acusado de robarse millones. El mismo presidente de la Corte Suprema, John Roberts, una vez defendió a un asesino en serie. La gran diferencia entre Roberts y Adegbile es que el primero trabajó para una gran firma de abogados de esas que defienden a ejecutivos, mientras que Adegbile trabajó para la NAACP. Pero de estos dos sólo Roberts fue confirmado a su cargo por el Senado.
El rechazo que sufrió Adegbile demuestra la desmedida influencia que tienen los medios conservadores para sembrar el terror. Si el Senado continúa cediendo a presiones sin fundamento, muy pronto perderá toda relevancia como institución democrática.
Se requiere una entrega especial para ser abogado de los menos afortunados. Cuando un poder del Estado pone en tela de juicio la nobleza de esta labor, serán menos los que algún día se decidan por ella.
Y para qué hablar de aspirar a un nombramiento presidencial. Las chances son casi nulas.
