Deportaciones, remedios y audacia

El presidente Barack Obama puede usar sus poderes e influencias para convencer a la Cámara Baja de mayoría republicana de que, por ejemplo, debata un proyecto de reforma migratoria, o para lamentar que critiquen su política de deportaciones, que ya sobrepasan los dos millones.

El mejor ejemplo es la ampliación de la Acción Diferida o DACA que el presidente concedió a los jóvenes indocumentados Dreamers en junio de 2012.

La ampliación de DACA es posible para amparar a otros grupos de indocumentados: otros Dreamers que no llenan los actuales requisitos de edad; los padres de los Dreamers; o a los familiares indocumentados de residentes permanentes o de ciudadanos, como pueden ser padres y madres de niños ciudadanos. Se trata de que el presidente emplee su poder discrecional para amparar de la deportación a ciertos grupos de inmigrantes sin historial delictivo y con fuertes lazos familiares en Estados Unidos.

Hay otros mecanismos existentes que pueden suponer un alivio de la deportación a inmigrantes sin historial delictivo si se aplicaran debidamente.

Uno de esos es la discreción procesal para que los recursos destinados a los procesos de deportación se centren en quienes realmente suponen una amenaza a la seguridad pública. Pero la discreción procesal no se aplica uniformemente y por eso las autoridades siguen deportando a inmigrantes sin historial delictivo que llenarían los requisitos de legalización de una reforma migratoria.

Más de 65% de los deportados en 2013 no tenían historial delictivo o sólo habían sido convictos de un delito menor. En el año 2011, en cualquier momento dado, el 45% de la población de inmigrantes detenidos no tenía antecedentes penales.

Por la vía administrativa se pueden además enmendar los requisitos para obtener una dispensa o waiver para que parientes indocumentados de ciudadanos estadounidenses ajusten su estatus sin activar las prohibiciones de los tres y los 10 años establecidas por la reforma migratoria de 1996.

Quienes ingresan sin documentos a Estados Unidos y luego, mediante una relación familiar, buscan legalizarse, deben radicar su solicitud en un consulado de Estados Unidos en el extranjero. Al salir del país activan las prohibiciones, de tres años si llevan más de 180 días viviendo aquí sin papeles, o de 10 años si llevan un año o más.

Aunque el gobierno otorga “dispensas” a ciertos familiares de ciudadanos que prueben que su salida del país y su eventual ausencia por tres o 10 años provocará “daños extremos” a su familia, de todos modos el solicitante debe salir del país y peticionar la dispensa.

Expertos aseguran que los requisitos para demostrar “daño extremo”, que pueden dificultar la obtención de la dispensa o waiver, pueden enmendarse, resultando en que más familias puedan completar los procesos de legalización sin la amenaza de la separación familiar sobre sus cabezas.

La inacción legislativa republicana y la falta de uniformidad administrativa han generado una crisis nacional de deportaciones.

Y en lo que el hacha va y viene a nivel legislativo, existen remedios administrativos para aminorar la crisis.

Aunque los republicanos han intentado limitar la autoridad del presidente de emplear su discreción, la práctica ha demostrado que Obama y su Partido Demócrata se benefician electoralmente de acciones administrativas audaces como ocurrió en 2012 con DACA, que movilizó el voto latino a su favor. Lo contrario puede generar apatía entre los votantes hispanos.

Ante la parálisis legislativa, la audacia debería ser la orden del día.

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