Editorial: Una victoria para la privacidad
La Suprema Corte protege el acceso a la información en los celulares
Crédito: AP
La decisión unánime de la Suprema Corte de Justicia de extender a los teléfonos celulares las protecciones del derecho a la privacidad es un importante triunfo para el individuo ante los rápidos cambios tecnológicos.
Este fallo también es una saludable defensa de las garantías individuales, en momentos en que éstas se han ido erosionando en nombre de la seguridad pública y la amenaza del terrorismo.
Hasta ayer las consideraciones que recibía un teléfono celular por parte de las autoridades eran muy similares al de una billetera con fotografías, que puede ser revisada sin mayores problemas y sin necesidad de una orden judicial.
Ya no es así.
El alto tribunal, en la decisión escrita por su presidente John Roberts, explicó que estos teléfonos contienen, en el caso de muchos estadounidenses, “las privacidades de la vida”. El fallo determina con claridad que el hecho que en un teléfono se lleve un caudal inmenso de información privada no significa que esta información deje de estar protegida constitucionalmente.
Con respecto al argumento de la seguridad pública, el magistrado fue directo al agregar que “la privacidad tiene un costo”. Esto significa que si la policía quiere acceder a una teléfono necesita una orden de cateo como si qusiiera hacerlo en una propiedad.
Esta extensión de la Cuarta Enmienda de la Constitución es natural. La información personal acumulada entre el teléfono y la “nube” puede ser mayor a toda la que se tiene en el hogar.
Roberts reconoció que el celular no es “solo una conveniencia tecnológica” sino, en esta época, mucho más. No es un vehículo de comunicación sino un archivo de información y como tal merece protecciones constitucionales. El fallo da finalmente una uniformidad a las normas que las autoridades deben seguir en medio de una maraña de distintas decisiones estatales.
Esta es una victoria para todos los estadounidenses. Es refrescante que después de tantas leyes y decisiones judiciales restrictivas de la privacidad del individuo— en nombre de la seguridad— se vuelva a reconocer el sano principio de que es mejor que un delincuente quede libre a que todos seamos tratados como delincuentes.