Editorial: Los Ángeles hizo lo correcto

La seguridad pública es la gran beneficiada con la decisión del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) de no acatar las solicitudes de la Agencia para el Control de Aduanas e Inmigración (ICE) para mantener detenido a un indocumentado si ésta no es acompañada por una orden judicial.

Este es un paso importantísimo en nuestra ciudad para dejar a atrás esa pésima idea de convertir a las autoridades locales del orden en agentes de inmigración. El resultado de este experimento a nivel nacional condujo a un abuso de autoridad por parte de algunas agencias policiales, ya sea por el exceso de celo o por la confusión, como la que acompañó al implementación del programa de Comunidades Seguras.

Lo cierto es que esta política condujo a la separación de cientos de miles de familias inmigrantes de un ser querido que ni siquiera cumplía con el perfil de peligrosidad que supuestamente debían tenían los deportados. Y la gran mayoría de los deportados por este plan no presentaban ninguna amenaza a la sociedad.

Un juez federal de Oregon falló en abril pasado a favor de los derechos constitucionales de quienes son detenidos sin una causa probable a petición de las autoridades de inmigración. Posteriormente, Los Ángeles se ha unido a 34 condados de California y numerosas ciudades de alrededor del país que han actuado bajo la guía de este fallo.

Esta acción da mayor tranquilidad a la población inmigrante e indocumentada que con razón estaba temerosa de contactar a la policía para denunciar delitos por temor a ser deportados. Esto mejora las relaciones de la comunidad con las autoridades del orden y por consecuencia refuerza la seguridad pública.

Esperamos que las ciudades que se resisten a seguir el fallo judicial de Oregon cambien de opinión reconociendo que esta no es una cuestión de inmigración —que debe ser resuelta con una reforma legislativa- sino de derechos individuales y seguridad pública.