Guatemala entre narcotráfico y legalización
El gobierno tiene fondos públicos para contratar una firma estadounidense para mejorar su imagen en Washington, D.C., pero no puede financiar su propia lucha contra las drogas o la atención a los adictos a las drogas
Miembros de la Fuerza de Tarea Tecún Umán, una unidad elite del Ejército de Guatemala destinada al combate al narcotráfico, creada con el apoyo de los Estados Unidos. Crédito: Archivo / EFE
En febrero de 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, hizo noticia al proponer la discusión de la despenalización de las drogas. Y todavía estamos esperando que nos cuente los detalles. ¿Hablaba de mariguana, cocaína, heroína, o drogas sintéticas? Y, ¿a qué parte del proceso se refería? ¿Al transporte, posesión para la venta, o posesión para el consumo? ¿Y de qué le sirve a Guatemala despenalizar si los países vecinos no lo hacen?
Pérez Molina también habló de tratar el consumo desde una perspectiva de salud, y no de seguridad. Y hasta acuñó la frase “Treinta años de lucha contra el narcotráfico no han dado resultado”, como justificación para probar algo distinto. The Guardian, entre otros diarios, replicaron sus palabras. Pero dos años y medio después podemos decir que hubo “mucho ruido y pocas nueces”.
Hoy, el Estado de Guatemala no tiene la estructura ni los recursos para ofrecer al adicto a las drogas un tratamiento desde la perspectiva de salud, salvo por un solo centro de tratamiento ambulatorio. Tampoco se hace un combate efectivo al tráfico de drogas—al menos no uno que sacuda las estructuras del narco en el país. Autoridades de la región estiman que ahora por Guatemala pasa anualmente cerca del doble de cocaína que hace diez años, 600 mil versus 300 mil kilos. Además, los decomisos anuales no superan el nivel de 1999, cuando la incautación alcanzó los 10 mil kilos. Es decir, el país está sin el pan y sin la torta.
¿Por qué ha fracasado la guerra contra el narco? Simple: la corrupción (Guatemala está en el 30 por ciento de países percibidos como más corruptos, según Transparencia Internacional), y la falta de fondos públicos y voluntad política. Clave es la corrupción que mina los fondos y la voluntad política. Esta semana se divulgó que el Estado había incumplido con pagar el mantenimiento a los seis helicópteros que a cambio recibió en préstamo de los EE.UU. Una de las cantaletas del gobierno, para agitar la bandera de la despenalización, era carecer de fondos para luchar contra el narcotráfico. Si aquello era un chantaje para obtener más ayuda, esta ayuda apareció en forma del citado préstamo (entre otros recursos), aún si el gobierno sí tiene fondos públicos para contratar una firma estadounidense para mejorar su imagen en Washington, D.C. (cerca de un cuarto de millón de dólares).
Desde finales de los años 90, las autoridades dicen que los narcos pagan con cocaína a los transportistas, en lugar de dinero, y con más droga en el país, se ha estimulado el consumo. Ahora lo repiten como si fuera una novedad. Argumentan que la despenalización puede descongestionar las cárceles de adictos, y tratarles como enfermos, no como delincuentes. Pero hay un pequeño problemita. El Estado desconoce cuántos adictos hay. La gubernamental Secretaría Ejecutiva y Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (Seccatid) sólo levanta estadísticas de adicción en escolares. No tiene idea de la incidencia en adultos porque no tiene plata para averiguarlo.
Según informes de la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Crimen (ONUDC), la estimación entre guatemaltecos de 15 a 64 años, es que el 1.2 por ciento (anual) consumía cocaína y el 4 por ciento consumía mariguana. Es una estimación vieja, de 2011, con base en datos de 2003, porque no hay información más reciente disponible. Aún si el porcentaje fuera mayor por algunos puntos, Guatemala prevalece como un país puente, y no como consumidor. Y menos mal que no lo es porque son desalentadores los estudios acerca de la situación de los centros de tratamiento privados para adictos a las drogas.
Un informe de gobierno afirma que de 60 centros, sólo 11 cumplen con las condiciones mínimas. Otro reporte académico privado, menos optimista, estima que hay más adictos en estos centros, que presos en las cárceles. La Procuraduría de Derechos Humanos, así como internos que han logrado salir o hasta huir de estos centros, reportan abusos físicos y vejámenes. Estas denuncias, si bien no han derivado en juicios ni deducción de responsabilidades, son prevalentes. Pero, dado que se trata de presuntos drogadictos (porque entre las falencias, en muchos casos, no hay registros médicos que lo comprueben), el tema pasa abajo del radar.
Pero en las sombras, esta realidad desnuda a un gobierno sin la calidad moral para hablar de despenalización, porque no tiene capacidad financiera para tratar el problema desde “una perspectiva de salud”, ni para decir que la lucha contra el narcotráfico es inútil sin explicar por qué lo es—porque el gobierno frecuentemente demuestra que no es su prioridad. De serlo, la inversión y gasto público, en estrategias preventivas y reactivas, lo reflejaría así.
Así las cosas, el país queda en una posición ridícula. No ayuda, pero sí estorba cualquier intención regional de neutralizar al narcotráfico—de haber alguna. Su política externa e interna de combate al narcotráfico es una farsa.