Denuncian despilfarro en centros de salud mental en Puerto Rico

San Juan.- La Administración puertorriqueña pagó desde 2010 cerca de $432 millones a una empresa de Estados Unidos para que prestara servicios de salud mental a 1.6 millones de pacientes, pero ésta sólo atendió a cerca del 10%, según un informe elaborado por el Senado de la isla caribeña.

De acuerdo con los datos de este informe de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, la compañía APS Healthcare, que opera en monopolio en Puerto Rico, cobra al gobierno local por servicios que no presta, al tiempo que ofrece otros en condiciones deficientes pero más económicas.

Pero lo más preocupante del informe es que la Administración de Seguros de Salud (ASES) no haya fiscalizado adecuadamente a APS, que administra los centros de servicios de salud mental en exclusiva en la isla desde 2010.

El portavoz de la mayoría popular en el Senado, José Aníbal Torres, y la presidenta de la comisión, Rossana López, dieron a conocer el miércoles los resultados de este informe y anunciaron que los llevarían ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

También “vamos a referir este informe a la ASES para que examine estos hallazgos, active todas las cláusulas penales pactadas en contrato y se rescinda del mismo por la puesta en riesgo de la salud física o mental de los pacientes”, dijo Torres.

Además, reclamará “que se fijen las responsabilidades económicas oportunas a la APS por incumplimiento”.

Según sus datos, desde la implantación de la reforma de salud en 1992 Puerto Rico ha invertido más de $2,000 millones en servicios de salud mental y “en la actualidad no existe evidencia de mejoramiento de los servicios”.

El informe estudia los programas preventivos ofrecidos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y los servicios y tratamientos que reciben los pacientes de salud mental.

“Los hallazgos sobre la administración de los recursos de salud mental son alarmantes. Es un sistema fuera de control que gasta alrededor de “120 millones anuales en un proveedor que a diario pone en riesgo las vidas de miles de pacientes, no brinda todos los servicios por los que se le paga y no reporta por los pocos servicios que realiza”, afirmó López.

La compañía con sede en White Plains (Nueva York), que de momento no se ha pronunciado, se dedica a administrar centros de servicios de salud mental y desde 2010 ha facturado cerca de $432 millones al gobierno de Puerto Rico para servir a 1.6 millones de pacientes.

“Sin embargo, han atendido anualmente solo el 10% de estos”, asegura el informe, que añade que “más que un facilitador, es un obstáculo para la identificación, prevención y tratamiento de las condiciones asociadas a la conducta (salud mental y contra la adicción)”.

En ese sentido, los senadores asegura que la compañía “obstaculizó la investigación senatorial al no entregar más del 60 % de los documentos solicitados por la Comisión”.