Gobernador de Guerrero deja el cargo por caso Ayotzinapa
Ángel Aguirre solicitó licencia para dejar su cargo en Guerrero tras el repudio causado por los sucesos de Ayotzinapa, en Iguala
Ángel Aguirre Rivero, Gobernador de Guerrero, anuncia que deja su cargo. Crédito: Getty Images
MÉXICO.- Ángel Aguirre, el hombre que acaparó por décadas el poder en Guerrero, solicitó licencia para dejar su cargo de gobernador, un término que en México quiere decir que cayó de la gracia de la ciudadanía, que los partidos le dieron la espalda y no tiene más remedio que retirarse del cargo.
El político es acusado por organizaciones sociales de “tolerar”, “encubrir” y “fomentar” un caldo de cultivo cuyos ingredientes de impunidad, corrupción política, judicial y social, muerte y narcotráfico provocaron la muerte de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotinapa a manos de policías municipales por órdenes del alcalde de la ciudad de Iguala.
“Me voy para favorecer el clima político”, dijo en conferencia de prensa a casi un mes de los hechos del 26 de septiembre a los que siguieron decenas de manifestaciones masivas; la quema de los ayuntamientos de Iguala y Chilpancingo, el Palacio de Gobierno guerrerense y diversos recursos como la toma de otras alcaldías y garitas de peaje.
Desde las cúpulas políticas, el primero en empujar la renuncia de Aguirre fue el Partido Acción Nacional (PAN) al solicitar al Senado la desaparición de poderes en el estado; hasta ayer el Partido Revolucionario Institucional (con mayoría en el congreso federal) solicitó “cordialmente” su renuncia y hoy el de la Revolución Democrática (PRD), el que lo llevó a poder, le dio la estocada.
“Le pedimos la licencia y estará disponible para esclarecer los hechos”, afirmó Carlos Navarrete, líder del congreso.
El otro camino para la salida del hasta hoy gobernador hubiera sido un juicio político promovido en el congreso de su estado: un escenario imposible dado que la mayoría de los legisladores eran sus aliados de partido.
“Al final la presión popular se filtró a los partidos y tuvieron que ceder”, observó Nicolás Loza, analista político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. “Así se queda sin fuero y se le puede procesar legalmente, entonces, lo que vamos a ver es una sucesión de atribuciones de responsabilidades que se tendrán que comprobar: sí hay mecanismos para procesar por negligencia y otras omisiones”.
Después de la caída de Aguirre, el congreso local deberá nombrar a un gobernador interino que deberá apoyar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, del prófugo alcalde José Luis Alcántara y su esposa que fueron los que ordenaron detener a los normalistas que pedían dinero para acudir a la marcha conmemorativa de la masacre de otros mártires en 1968.
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