La justicia en México, atada a los gobernadores

HUITZUCO, México.- Al amanecer, Mayra Vergara salió de casa para ver a su abuelo moribundo en un hospital y despidió a su hermano Tomás que iba camino al banco de sangre en Chilpancingo, la capital de Guerrero, para la donación. Al anochecer, Mayra ya no tenía abuelo, ni sangre ni hermano.

“Tomás nunca llegó para salvar a mi viejito con la donación porque lo secuestraron”, dice al dar por primera vez la cara al público desde que ocurrieron los hechos, el 5 de julio de 2012.

No se atrevió a denunciar ante el ministerio público de Huitzuco, la tierra del entonces gobernador Ángel Aguirre, porque un vecino que hizo previamente una denuncia por una situación similar amaneció muerto al día siguiente.

“Todos sabían que aquí las autoridades de justicia estaban coludidas con el crimen organizado, con Los Rojos, primero y con la Familia Michoacana después o con ambos”.

Los señalamientos de este tipo han sido una constante en la entidad, pero no es la excepción en todo el país: “A los procuradores de justicia los nombra el gobernador y a nadie más le deben el puesto, nada más les importa”, dice Isabel Miranda de Wallace, la madre que tras el rapto y asesinato de su hijo logró por su cuenta la captura y el encarcelamiento de la banda y se convirtió en activista social.

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El año pasado, un joven trabajador de una empresa de construcción llevó a descargar grava a la comunidad de Piedras Negras, aledaña a Taxco, Guerrero, cuando un comando armado lo interceptó, le quitó el cargamento y lo arrojó a un barranco del que salió con la mano quebrada para hacer la denuncia ante la procuraduría de justicia del estado que jamás investigó.

Lo único que logró fue que lo amenazaran de muerte y el destierro.

“Tanto en los estados como en la federación, las Procuradurías de Justicia no actúan principalmente para ayudar a resolver los delitos contra la ciudadanía sino como una fuente de poder para los presidentes y gobernadores”, observa Kremvin Puente, analista de temas legislativos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El analista, quien estuvo presente en la reciente discusión para independizar a la Procuraduría General de la República observó que “los políticos se oponen a la independencia porque esto les reduciría su poder”.

Por ello, “dan pasitos mediocres ante la presión social”: ahora el titular de la PGR no lo designará el presidente de la República, pero sí saldrá de una terna propuesta por éste.

Martín Barrón, analista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, cree que un ideal para designar a los fiscales en México debería ser como actualmente se elige al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la CNDH, el titular se elige en el congreso entre los candidatos respaldados por organizaciones sociales de prestigio. “Esa es una forma de dar legitimidad a la institución”, observa.

• 1917 Por primera vez la Constitución de México considera la figura de oficiales de ministerios públicos cuyos funcionarios serán nombrados y removidos libremente por el titular del Ejecutivo Federal.

• 1974 Nace la Procuraduría General de la República (PGR).

• 1983 Se ratifica el carácter de “dependencia del gobierno” a la PGR y a las procuradurías estatales.

• 2014 En septiembre pasado, el congreso vota porque al titular de la PGR ya no sea designado directamente por el presidente, pero sí por una terna propuesta por éste.

• 2014 Octubre. Michoacán se convierte en el primer estado en discutir la independencia de la procuraduría estatal del gobernador, pero la mayoría de diputados se opone.

Para el 2016 debe existir en todo México un sistema de justicia “acusatorio y adversarial”, que popularmente se conoce como “juicios orales”, un modelo que se ha instaurado lentamente: el estado de Nuevo León realizó su primer juicio en 2008, mientras hay estados que aún dudan si podrán lograr la meta.

El país apuesta con este sistema para combatir la impunidad al pasar de un sistema penal predominantemente escrito y cerrado a un sistema oral, abierto y sujeto al escrutinio público, con opciones para que las partes en conflicto lleguen a una conciliación antes que al juez.

La única diferencia con el sistema de Estados Unidos es que no habrá un jurado popular, esas doce personas en casos penales que vienen a escuchar los hechos y resuelven por unanimidad.