¿En qué consiste la causa de la AMIA que investigaba Alberto Nisman?

El atentado de la AMIA es considerado el peor acto terrorista en suelo argentino. A pesar de múltiples investigaciones, hasta ahora no hay una sola persona en prisión por el hecho, aunque se sospecha de miembros de la embajada iraní en Buenos Aires como autores intelectuales.

Este lunes se informó de la muerte sorpresiva del fiscal Alberto Nisman, quien había estado en la investigación desde 1997 y que el pasado miércoles había acusado a la presidenta Crtistina Fernández de Kirchner de tratar de exculpar a los funcionarios iraníes implicados, con amparo en un tratado internacional.

El lunes 18 de julio de 1994 a las 9:53 minutos de la mañana, unos 300 kilos de explosivos estallaron frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ubicada en el centro de Buenos Aires.

En ese atentado murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. La AMIA es el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina. Este hecho es considerado el mayor acto terrorista de la historia en suelo argentino.

La comunidad judía en Buenos Aires es la más grande de América Latina y la quinta en el mundo. Y este ataque contra uno de sus centros ocurrió solo dos años después de que otra explosión frente a la embajada israelí en Buenos Aires había matado a 29 personas.

De inmediato la justicia argentina inició una investigación para identificar a los responsables del hecho. A este caso se lo denomina “la causa AMIA”.

El magistrado Juan José Galeano fue nombrado juez de la causa en 1994. Tres años más tarde fue incorporado Alberto Nisman como fiscal. Las primeras pesquisas indicaban que empleados de la embajada iraní en Buenos Aires estaban involucrados en el atentado.

Pero también se acusó a un grupo de ciudadanos argentinos –incluidos miembros de la policía local- de brindar apoyo logístico y operativo para llevar a cabo el ataque. A ellos se los consideró la “conexión local” del caso.

Entre las personas involucradas en la “conexión local” estaba Carlos Telleldín, un empresario y comerciante de autos, quien fue acusado de vender la camioneta Renault Trafic que fue utilizada en el atentado.

Sin embargo, debido a varias irregularidades en el proceso –incluido el pago de $400 mil a Telleldín por parte del juez Galeano para que testificara en contra de los miembros de la policía- en 2006, 12 años después del atentado, la justicia argentina determinó la nulidad de la causa AMIA y las personas involucradas fueron absueltas. Hasta ahora no hay ninguna persona presa por el atentado.

A pesar de la nulidad de la acusación contra los involucrados en la “conexión local”, la investigación sobre la relación de los empleados de la embajada iraní en el caso no fue cerrada.

En ese reporte también se hacía mención a los vínculos de estos funcionarios con el grupo libanés islamista Hezbolá.

Durante años, el gobierno de Irán había negado su implicación en el caso y no había colaborado con la justicia argentina.

El fiscal Alberto Nisman continuó con esta línea cuando se hizo cargo de la investigación en 2005, bajo el mandato del entonces presidente y esposo de Cristina Fernández, Néstor Kirchner.

El 7 de noviembre de 2007 logró reunir suficiente evidencia para solicitar a la Interpol la captura de cinco ciudadanos iraníes: el exministro de Seguridad Alí Fallhijan; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria y actual miembro de un consejo que asesora al Líder Supremo Alí Jamenei; el exjefe de la Guardia Revolucionaria y actual ministro de Defensa, Ahamad Vahidi; el ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Mohsen Rabbani (quien estuvo en Argentina por 14 años hasta 1998) y el ex tercer secretario de esa sede diplomática, Ahmad Reza Ashgari. El gobierno iraní se negó a entregar a los acusados.

En septiembre de ese mismo año, el presidente Néstor Kirchner había denunciado al gobierno de Irán ante la plenaria de Naciones Unidas por la falta de colaboración para llevar ante la justicia a los relacionados en el caso.

En 2009, la actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, repitió la denuncia y le exigió al gobierno de Irán que extraditara a los funcionarios solicitados.

En ese entonces voceros del gobierno de Irán reiteraron su declaración sobre el asunto, pero añadieron que: “La República Islámica de Irán ya ha anunciado que está dispuesta a formar parte de un comité judicial y legal conjunto con Argentina, para clarificar varios puntos del caso”.

En enero de 2013, después de varios rumores publicados en la prensa, Cristina Fernández anunció la firma un “Memorando de entendimiento” con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, para lograr avanzar en la investigación que determinara si funcionarios iraníes investigados tenían responsabilidad en la causa AMIA.

Parte del acuerdo incluyó la creación de una “Comisión de la Verdad”, que entre otras cosas -según el gobierno argentino- permitiría que funcionarios judiciales pudieran interrogar a algunos de los iraníes acusados y estipulaba la colaboración de Irán para esclarecer la autoría del atentado.

Sin embargo, el acuerdo aprobado por el Congreso fue declarado inconstitucional en Argentina, mientras que nunca logró aprobarse en el parlamento iraní.

Además, dentro del país fue cuestionado por las víctimas del atentado y los miembros de la AMIA, que denunciaron que permitía que los responsables intelectuales quedaran exonerados del caso.

Según ellos, el Memorando podía afectar los pedidos de extradicion internacional que ya estaban en marcha y además no explicaba si los interrogatorios tenían un sustento legal que ayudara en la causa judicial.

El pasado miércoles 14 de enero, Nisman acusó a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman de alcanzar el acuerdo con Irán para proteger a los responsables.

El fiscal denunció a la mandataria por los delitos de “encubrimiento agravado, incumplimiento de deber de funcionario publico y estorbo del acto funcional”.

Según declaraciones en varias entrevistas, el poder ejecutivo había elaborado un entramado para “borrar a Irán del caso AMIA” y permitir un intercambio comercial entre ambos países.

Por su parte el gobierno había rechazado las acusaciones. “La decisión del fiscal Nisman de imputar a Cristina es absurda y ridícula“, afirmó Jorge Capitanich, jefe del gabinete de ministros y uno de los principales voceros del gobierno.

Este lunes se esperaba que Nisman declarara ante la Cámara de Diputados y entregara las pruebas de sus acusaciones. Pero fue hallado muerto en su residencia con un disparo en la cabeza, doce horas antes de la citación declaratoria.