Ataques a la prensa en Guatemala, mal augurio

Este año, en promedio, un periodista ha sido agredido o amenazado cada dos días.
Ataques a la prensa en Guatemala, mal augurio
El ataque a Morazán asusta, aun en un país donde pocas cosas asustan.
Foto: Twitter @susanamorazan

Es un año electoral en Guatemala y no comienza bien. El 20 de enero, cuatro sujetos en motocicletas rodearon el vehículo de la periodista Susana Morazán de TV Azteca-Guatemala, en una calzada principal de la capital. Uno de los sujetos la despojó de sus pertenencias, y le golpeó el rostro con una pieza de hierro. Antes de marcharse le dijo, “si seguís hablando mal del gobierno, la próxima vez te va a ir peor”.

Horas después, en el hospital, Morazán supo que le habían ocasionado fisuras en la mandíbula (algunos medios reportaron que fue una fractura). Antes de ser sometida a una cirugía, denunció el ataque al Ministerio Público.

El ataque a Morazán asusta, aun en un país donde pocas cosas asustan. Los ataques a periodistas no son inusuales.

Según reportes de prensa, esta es la segunda vez que agreden a Morazán, y sobre la misma calzada. La primera vez ocurrió en 2007, otro año electoral. En 2014, según la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, hubo 74 denuncias de agresiones verbales y/o físicas contra periodistas. Es decir, en promedio, hubo uno cada cinco días.

En los primeros 19 días de 2015, ya hay ocho denuncias (y otras más sin oficializar)—un promedio de casi una cada dos días. Los abusos reportados son de fuentes diversas: perpetrados por particulares, fuerzas de seguridad el gobierno, partidos políticos de oposición, etc.

Ocurren en la capital, contra figuras como el presidente del diario impreso El Periódico, José Rubén Zamora, y el director de la revista Contra Poder, Juan Luis Font; y en el interior del país, contra corresponsales del diario de mayor circulación, Nuestro Diario, Kevin Reyes y Dermin Revolorio, en provincia, y periodistas de otros medios como Julio Sicán y Oswaldo Sical (cuyas denuncias siguen un proceso judicial), periodistas comunitarios y la radio comunitaria Snuq’ Jolom Konob’, entre otros.

Después que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti prometieran garantizar el respeto a la libertad de prensa y expresión en el país, en una reunión con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2014, no extraña que han incumplido. Su promesa de instalar el Programa de Protección a Periodistas sigue como promesa. Claro, tampoco hay garantías de que, de existir el programa, las autoridades lo seguirían al pie de la letra.

Si los ataques a la prensa ocurren, es porque son reflejo de: (1) el nivel de violencia que impera en el país, y (2) del nivel de impunidad que garantiza la falta de consecuencias a actos reñidos con la ley. En 2014, el Ministerio Público anunció que la impunidad había bajado del 98% en 2009 al 70% cinco años después. Pero nadie en la calle siente alivio. Rara vez hay castigos ejemplares para los responsables de crímenes, aun si son casos de alto perfil. En el caso de periodistas agredidos, o asesinados, los actos de justicia son más escasos.

Es más desalentador aun que esta semana el Ministerio Público anunció que no tiene fondos para pagar salarios en enero y funcionamiento de algunas oficinas, y que el Organismo Judicial tiene similares quejas, al grado que ha pedido a sus empleados racionar el uso de la electricidad. Y, aún así, el gobierno cree que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) debió cesar sus investigaciones hace un año y dedicarse a “capacitar” a funcionarios locales. El gobierno hasta se dio el lujo de instalar una comisión para que decida si debe o no renovar el mandato de la CICIG, que vence en agosto próximo. Pero no puede poner en marcha el programa para proteger periodistas.

El presidente Pérez Molina sigue presumiendo de una reducción en la tasa de homicidios, de 39 a 31 casos por cada 100 mil habitantes en los últimos tres años. Eso significa (en promedio) un homicidio cada hora y 42 minutos (casi lo que dura un partido de futbol), o cerca de 14 diarios—que no es poca cosa, aun sin incluir las cifras de heridos por arma de fuego.

Un país que figura entre el tercio de países percibidos como más corruptos es campo fértil para la inseguridad y el irrespeto a libertad de prensa. Lo dijo Transparencia Internacional. A la vez, como lo dijo el primer jefe de la CICIG, Carlos Castresana: a mayor corrupción, mayor impunidad. Un estado atenazado por la corrupción es incapaz de garantizar justicia y seguridad al ciudadano promedio, menos a los periodistas. Y esto es un pésimo epílogo para la administración de Pérez Molina, y un mal augurio en un año de elecciones presidenciales.