Empleados públicos, vocación y los consulados

Un empleado público demuestra con sus acciones cuánto le importa su misión de servir al pueblo que paga su salario
Empleados públicos, vocación y los consulados
La más reciente denuncia es de Nidia Augustine, que trabajó diez años con el consulado de Guatemala en Nueva York.
Foto: Archivo

Un gobierno demuestra cuánto le importan los migrantes de su país con la calidad de funcionarios que ubica en sus consulados. Su mala disposición al servicio público pareciera, en algunos lugares, la norma. No entienden que a menos migrantes, menos remesas, y mayor carga al presupuesto estatal en el país.

En Guatemala, el ingreso de las remesas equivale al 30% de ingresos en concepto de exportaciones. La diferencia es que las remesas llegan directamente a las familias necesitadas, y los ingresos por exportaciones nunca se traducen en un “trickle down effect”, o en beneficios que se filtran a las capas sociales más bajas. Por eso a Centroamérica le urge que cobre efecto la acción ejecutiva de Obama, que permite beneficios a cientos de miles de indocumentados centroamericanos (que llegaron a EE.UU. antes de 2010 como menores de edad, o que llegaron antes de 2010 y tienen hijos ciudadanos o residentes legales).

Mientras tanto, el país tiene un porcentaje considerable de las remesas que recibe en la cuerda floja. Si quiera por eso cierto personal consular en EE.UU. podría hacer un esfuerzo mayor en tratar bien al migrante, y porque las familias que reciben remesas pagan (directa o indirectamente) los impuestos que ayudan a cubrir los salarios de los empleados consulares.

Digo “cierto personal consular” pues quiero creer que existen empleados públicos que no sólo trabajan por un cheque, sino también para servir a los demás. Pero lo opuesto también es una realidad, porque el servicio exterior sirve para el pago de facturas políticas, puestos-premio, o vehículo para sacar a alguien del ruedo nacional.

El mismo presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina (OPM), fue enviado como agregado militar a Washington, D.C. en 1999, cuando se volvió molesto para el gobierno de turno. Luego en 2012, como mandatario, OPM premió la lealtad de Julio Ligorría (uno de sus estrategas de campaña) y lo hizo embajador de Guatemala en EE.UU.

Imposible olvidar tampoco que, en 2012, Gabriela Aparicio Urízar, ex maquillista de la vicepresidenta Roxana Baldetti, acabó como Cónsul General en Miami. Tres años después, en 2015, nombran a Francisco Cuevas, ex Secretario de Comunicación Social y ex Vocero de la Presidencia, como Cónsul General en Los Ángeles, California. Como vocero hizo romería por varios medios de comunicación para pedir que removieran a reporteros de ciertas fuentes porque hacían preguntas molestas a los funcionarios. Quién sabe qué suerte correrán los migrantes que necesitan servicios consulares en Los Ángeles.

En el Consulado de Guatemala en Nueva York se percibe una de cal y otra de arena. Desde hace dos años, hay quejas de maltrato y discriminación a usuarios indígenas y campesinos. En 2013, el guatemalteco Elmer P. se quejó de no haber recibido ayuda cuando después de un accidente laboral, su jefe (que era responsable del hecho) le abandonó en un hospital. Elmer se fracturó un pie y lesionó la espalda y no ha podido volver a trabajar. El consulado no le quiso ayudar con exonerarle del pago de los servicios, y sólo le ofreció ayuda legal hasta que un periódico local publicó su caso. Pero le refirieron con un abogado de migración, cuando lo que necesitaba era uno laboral. En ese entonces, el cónsul general era Oscar Padilla, ahora viceministro de Relaciones Exteriores. El actual, a decir por otras quejas, no ha hecho cambios sustanciales.

La más reciente denuncia es de Nidia Augustine, una mujer garífuna que trabajó diez años con el consulado en Nueva York, pero que renunció ya cansada de malos tratos y discriminación (en contraste con el tratamiento a otros empleados consulares). Su queja, dirigida al canciller Carlos Raúl Morales Moscoso, fue respondida con una misiva por la dirección general de la Cancillería, indicándole que el hecho se va a investigar. Después de un mes, no ha recibido noticias.

Cuando escribí del caso de Elmer hubo quienes (imagino que empleados consulares) lo tacharon de mentiroso. Dijeron que “todos salían contentos del consulado, por el buen trato”, y que yo desconocía lo “sacrificado y cansado” que era estar parado en ventanilla atendiendo a la gente. Dijeron también que uno de los denunciantes, activista en la comunidad guatemalteca en Nueva York, Juan Carlos Pocasangre, hablaba por envidia porque él quería ser cónsul.

Nada más ridículo. No dudo que hacen un gran servicio proveyendo documentos claves a los guatemaltecos migrantes, y con la extensión de servicios en los consulados móviles. Pero tampoco creo que los migrantes inventan quejas porque no tiene nada mejor que hacer, o porque asistir al consulado es una experiencia mágica. Y aunque no lo crean, no todo el que denuncia malos quiere un puesto en el consulado. Por dicha todavía hay quienes no pueden ser cómplices de las injusticias guardando silencio. Además, si atender ventanilla es tan sacrificado, no están en EE.UU. a la fuerza. Pero si los empleados consulares prefieren trabajar en EE.UU., los migrantes también, y atenderles bien no es hacerles un favor. Es una obligación.

Estos no son momentos para tomarse con ligereza quién ocupa puestos consulares en EE.UU. El pueblo que paga esos sueldos merece más. ¿Cuándo lo van a entender?

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