Policía hispano libre de cargos por arreglo de multas
El agente ahora está demandando recuperar su empleo.
El sargento Jacob Solórzano resultó no culpable. Crédito: Morguefile
Nueva York— Un jurado de El Bronx liberó al sargento Jacob Solórzano (44) de los cargos por presuntamente abusar de su autoridad al ayudar a parientes y amigos a evadir el pago de multas de tránsito.
Lo que comenzó en 2009 como una sigilosa investigación de intervenciones de conexiones telefónicas a un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), dio paso a cargos judiciales contra varios agentes involucrados en el arreglo de multas.
Solórzano, supervisor de los policías corruptos, fue declarado no culpable de mala conducta oficial la tarde del martes.
“Fue un rechazo total de las acusaciones contra el señor Solórzano por un jurado justo e imparcial”, dijo su abogado Roger Blank a New York Post.
El sargento fue uno de los 16 policías acusado por la Corte Penal de El Bronx el 28 de octubre de 2011, después de que varios fueron atrapados en las escuchas telefónicas en discusiones sobre la manera de deshacerse de las multas de tránsito.
La investigación se derivó de las acusaciones del oficial José Ramos, quien tenía vínculos con narcotraficantes y se enfrentó a los cargos más severos, incluyendo robo. El agente hispano se declaró culpable de un cargo adicional de conspirar para matar a un testigo mientras estaba encarcelado.
Ramos estaba uniformado y de guardia cuando robó a un oficial encubierto, argumentó el fiscal de El Bronx, Robert Johnson. Trascendió que Solórzano está demandando recuperar su empleo. El año pasado fue condenado a realizar servicio comunitario.
La Fiscalía no ha liberado de cargos a otros 13 agentes involucrados, incluyendo a Joseph Anthony y Michael Hernández, ambos representantes del Sindicato de Patrulleros Benevolentes (PBA).
Cuando se destapó el caso de corrupción policial más reciente del NYPD, los oficiales en cuestión acusaron a Patrick Lynch, presidente de PBA, de no respaldarlos, lo que resultó en un total de 1.600 cargos contra los policías -incluyendo un teniente- y cinco civiles.
