Lo que los indocumentados quieren, los muertos lo tienen: un seguro social

Mientras millones de inmigrantes indocumentados esperan con ansias el día en que puedan obtener un número de seguro social que les permita trabajar legalmente en este país, obtener una licencia de conducir y una tarjeta de identificación,y al menos 1.8 millones de muertos en Estados Unidos tienen el suyo todavía activado.

De hecho, hay 6.5 millones de números de seguro social activos que corresponden a individuos mayores de 112 años de edad, cuando en todo el mundo solo hay registro de 42 personas que hasta el año pasado seguían con vida, un dato que escapó a la Administración del Seguro Social (SSA), la agencia encargada registrar las muertes en EEUU.

Sin embargo, la agencia no ha registrado el fallecimiento de millones de personas que nacieron en fechas tan antiguas como 1869, según el reporte de la Oficina del Inspector General (GAO) que muestra que sólo 13 de ellas siguen recibiendo prestaciones sociales.

Pero el reporte de la GAO, el brazo armado del Congreso, lanza alerta de que esos números activos de personas longevas podrían estarse utilizarse fraudulentamente para reportar salarios, abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito e incluso hacer reclamos de reembolso fiscal.

Por ejemplo, casi 67,000 de números de Seguro Social se utilizaron por individuos cuyos nombres no coincidían con el número para reportar salarios, propinas e ingresos por cuenta propia por un total de más de $3,000 millones entre 2006 y 2011, según el informe. Un número de Seguro Social se usó 613 veces en diferentes situaciones. Otros 194 números adicionales se utilizaron al menos 50 veces cada uno.

Cuando un individuo muere, la SSA supuestamente debe registrar su muerte en una base central de datos llamada Archivo General de Muertos (DMF por sus siglas en inglés), a la cual se accede cuando un empleador, una institución bancaria o agencia gubernamental proceden a verificar los números de seguro social proveídos por los solicitantes de beneficios o servicios.

Pero la GAO encontró que “SSA no ha establecido controles para llevar el registro de personas que mueren… o que excedieron la edad razonable de expectativa de vida y que, lo más probable, es que estén muertas”.

Sean Brune, asesor principal de la Administración del Seguro Social y administrador del SSI, dijo ante un comité del Senado esta semana que, a pesar de los pagos inapropiados encontrados por GAO, la mayor parte de los beneficios que administra la agencia son manejados de forma correcta.

Brune enfatizó en que los pagos inapropiados, no corresponden precisamente a fraudes, sino que éstos pueden ocurrir por varias razones, algunas de ellas fuera del control de la agencia o del beneficiario.

Asimismo, en una investigación por separado, la GAO encontró errores de pagos en unos 124 programas en 22 agencias federales, que de alguna manera dependen de la verificación de validez de los números de seguro social que reciben de solicitantes de beneficios. El costo para el gobierno: casi $125,000 millones. Medicare, Medicaid y el Earned Income Tax Credit, representan más de $80,900 millones del total.

Los auditores explicaron que gran parte del error se debe a la implementación del programa de Cuota por Servicio de Medicare, el cual paga a los doctores por cada servicio que provén. Los pagos problemáticos de Medicare aumentaron de $36,000 millones en 2013 a $45,700 millones.

Para la GAO, los pagos inapropiados son los que “los que no se deberían haber hecho o se hicieron por una cantidad incorrecta”, algunos incluyen fraude y otros sobrepagos.

Los investigadores del gobierno atribuyen los pagos inapropiados a “errores u omisiones en el reporte de ingresos o recursos” por parte de los recipientes de los programas auditados.

“Los pagos por beneficios a individuos muertos podrían haberse evitado con el uso de datos de muerte de SSA”, señala el reporte de GAO.

La respuesta inmediata de los republicanos a este reporte fue un proyecto de ley que evitaría que el gobierno federal asigne un número de seguro social a los inmigrantes bajo protección de acción diferida.

El senador Ben Sasse, de Nebraska, escribió que la Ley de Eliminación de Bonos a la Amnistía (ABE) para prohibir se emitan nuevos números a quienes han obtenido la acción diferida entre el 15 de junio, de 2012 y el 20 de noviembre de 2014 a través del programa DACA. Sasse cuenta ya con el apoyo de por lo menos seis senadores.

“La ABE asegura que no se emitan números de Seguro Social a los inmigrantes ilegales que reciban acción diferida a través de la amnistía ilegal por orden ejecutiva del Presidente”, dijo el senador a través de un comunicado.