Amnistía: Impunidad de violencia de género es generalizada en México
En el país han muerto más de 1,500 mujeres en los últimos 6 años
Amnistía Internacional denunció que en México la impunidad en los casos de violencia de género, abuso sexual y feminicidio es generalizada ante las ineficientes leyes federales y locales promulgadas en la materia y la insuficiencia del sistema de justicia para afrontar la investigaciones con perspectiva de género.
Mediante un comunicado de prensa, la organización internacional de defensa de los Derechos Humanos refirió que las legislaciones promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia “son ampliamente ineficaces o no se han aplicado”. Dijo que esto deja a las mujeres y a las niñas “en un riesgo constante”.
Refirió que con frecuencia las investigaciones presentan negligencias e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la identificación de víctimas, pérdida de información y la falta de consideración de las agresiones a mujeres como parte de un fenómeno de violencia de género.
Amnistía hizo un llamado a las autoridades del gobierno de México a garantizar la realización de investigaciones exhaustivas, independiente e imparciales que incorporen perspectiva de género, la provisión de reparación integral para las víctimas y sus familias y la realización de cambios en políticas y prácticas para erradicar la violencia contra las mujeres.
Recordó que el derecho a una vida libre de violencia conlleva la obligación de prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio.
“Dicha obligaciones adquieren mayor relevancia en un contexto de violencia contra la mujer donde las autoridades investigadoras deben explorar las líneas de investigación necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos”, comentó la organización.
Indicó que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las Mujeres expresó en 2012 su preocupación por el aplazamiento en la activación del Mecanismo de Alarma de Género.
“La alerta fue establecida para romper este círculo de impunidad y lograr una respuesta efectiva de diversas autoridades con la participación de la sociedad civil. La dificultad experimentada en la práctica para utilizar este mecanismo suscita serias preocupaciones acerca del compromiso de las autoridades federales y estatales en cuanto a la utilización de todos los medios disponibles en la lucha contra la violencia basada en el género”, dijo Amnistía.
Agregó que ha visto con preocupación cómo pese a que la violencia contra mujeres y niñas es generalizada en numerosos estados,” y que se ha solicitado en diferentes ocasiones la aplicación de esta medida, hasta el momento se ha rechazado reiteradamente. Esta es una muestra de la falta de aplicación efectiva de la legislación para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres”.
Según cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema.
En los últimos seis años han muerto en el país más de 1,500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos.
El día de mañana, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciarán en torno al feminicidio de Mariana Lima Buendía ocurrido en Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente a manos de su esposo, un policía judicial.
En septiembre de 2013, la SCJN atrajo el caso de Mariana al considerar fundadas las quejas por las omisiones cometidas por las autoridades de procuración de justicia del Edomex para investigar de manera adecuada y oportuna el caso.
La atracción del caso de Mariana Lima Buendía y la sentencia favorable pondría en evidencia que el tema de violencia contra las mujeres es un tema de preocupación y de grave violación a derechos humanos.
La determinación que se dicte es trascendente, pues coadyuvaría a la lucha de las víctimas de feminicidio por el acceso a la justicia y el derecho al conocimiento de la verdad.
La sentencia que dicte la Primera Sala debe reconocer, en el caso concreto, las graves omisiones, negligencias y corrupción con que actuaron las autoridades del Estado de México que investigaron la muerte de Mariana, que podrían calificarse de acciones dolosas con el objetivo de encubrir al agresor como un elemento mínimo que garantice la reparación integral del daño por violaciones a derechos humanos.
En concreto, se está ante una oportunidad histórica para la SCJN establezca un primer precedente que fije los criterios mínimos de debida diligencia con perspectiva de género que las autoridades de procuración y administración de justicia deben observar para garantizar el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad y la reparación integral del daño de las víctimas de violencia feminicida.
