“Propiedades zombie” en la mira de la Fiscalía del Estado
Nueva York— El fiscal del estado, Eric T. Schneiderman, anunció una versión ampliada de la Ley de Ayuda a Vecindarios con Propiedades Abandonadas, que propuso el año pasado, para frenar el incremento de viviendas desocupadas que terminan en ruinas.
La legislación exigiría a prestamistas hipotecarios y administradores comprometerse a mantener las propiedades confiscadas durante un procedimiento de ejecución hipotecaria prolongado. De no acatar los requerimientos, las autoridades impondrían multas severas.
El proyecto de ley (A.6932 / S.4781), que fue reintroducido este mes en la Legislatura del Estado de Nueva York, por la presidenta del Comité Judicial de la Asamblea, HeleneWeinstein (D-Brooklyn) y en el Senado por el co-colíder Jeffrey D. Klein (D-Bronx), incluye nuevas disposiciones para agilizar el proceso de ejecución hipotecaria.
Las propiedades vacantes o abandonadas, conocidas como propiedades zombies, se incrementaron en los últimos años. Según cifras de la Fiscalía, las ejecuciones hipotecarias aumentaron en un 50% desde 2013 hasta 2014, generando 16.701 propiedades inhabitadas en todo el estado.
“Nueva York nunca podrá recuperarse totalmente de la devastación de la crisis financiera hasta que enfrentemos seriamente la crisis de las propiedades zombis”, dijo el fiscal Schneiderman”.
Las estadísticas revelan que casi 1 de cada 5 ejecuciones hipotecarias residenciales son, actualmente, una propiedad zombi.
“Albany, finalmente, puede aliviar la carga que estas propiedades arruinadas imponen en nuestros pueblos y ciudades al aprobar esta ley durante esta sesión legislativa”, agregó.
El fiscal destacó que muchas familias no entienden que tiene derecho a permanecer en su casa hasta que un juez declare la ejecución hipotecaria completa. Para impedir la expulsión ilícita, el proyecto de ley pedirá que los propietarios sean notificados con antelación que su estadía en la vivienda es legal hasta que se emita una orden judicial.
La ley también hace frente al acoso de empleados del servicio hipotecario o prestamista, quienes frecuentemente traspasan la vivienda en proceso de ejecución hipotecaria para intimidar y coaccionar a sus ocupantes para empujar el desalojo.