Crece escepticismo previo a celebración de audiencia sobre acción ejecutiva

El nerviosismo y los miedos crecen en la comunidad inmigrante. El próximo 10 de julio un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans, Louisiana, escuchará a abogados defensores y detractores de una acción ejecutiva que, de ser implementada, amparará de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.
“Ese día los abogados del Departamento de Justicia y de los 26 estados que demandaron la medida entregarán sus argumentos orales, y los jueces escribirán su opinión”, dijo el abogado de inmigración Ezequiel Hernández. “Pero no hay un límite en cuanto al tiempo que demorarán para entregar un fallo final. La respuesta al recurso de emergencia tardó dos meses”, agregó.
La acción ejecutiva fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre. Dos semanas después, el 3 de diciembre, un grupo de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandó la medida argumentando que el mandatario se había extralimitado en su poder ejecutivo y que el beneficio viola la Constitución.
El 16 de febrero el juez Andrew S. Hanen, de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Brownsville, Texas, emitió una orden cautelar que frenó la entrada en vigor de la medida. Una semana más tarde el Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia para que Hanen revirtiera el dictamen.
Las corte de Texas demoró una respuesta obligando al gobierno a presentar un segundo recurso. Al no tener respuesta, a mediados de marzo el gobierno tomó la decisión de ir a la Corte de Apelaciones con un nuevo recurso de emergencia y una apelación a la demanda en su totalidad.
El 25 de mayo el tribunal de Apelaciones de Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen, una decisión que conmocionó a la comunidad inmigrante.

Compás de espera
“Terminada la audiencia habrá que esperar. Pudiera haber un dictamen en septiembre o agosto y el que pierda irá a la Corte Suprema de Justicia. Y tendrá un plazo de 90 días para hacerlo”, explicó Hernández. “Y los bandos tendrán 60 días adicionales”, lo que significa que serán 150 días, cinco meses a partir de un dictamen. Eso coloca la demanda en febrero del próximo año.
Las organizaciones lo saben y están nerviosos porque el tiempo pasa y el fantasma de la deportación merodea sobre ellos. En Estados Unidos viven unos 12 millones de indocumentados.
“No esperamos mucho tomando en cuenta la composición del panel de jueces que escuchará los argumentos”, dijo a Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA de Los Ángeles. “Son los mismos que ya tomatón una decisión en mayo y que mantuvieron la decisión que el juez Hanen dictó en febrero. Hay que ser realistas. El 5to Circuito de Apelaciones tiene fama de ser la corte más conservadora de todo el país”.
A pesar del escepticismo reinante, Gutiérrez dice que en la comunidad hay una “ligera esperanza” que se traduce en “la posibilidad de una sorpresa” y que el programa se active. “No es muy grande, pero la tenemos y la atesoramos”.
Tras un prolongado silencio, el activista dice: “Obama debió habernos escuchado y hacernos caso cuando en febrero le dijimos que fuera de inmediato a la Corte Suprema de Justicia. Al final de cuentas, de todas maneras tendrá que ir a esa instancia superior para defender su acción ejecutiva. Nosotros estamos resignados a que el 5to Circuito no hará nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora”.

Futuro incierto
En Washington también están preocupados. “No quieren que el presidente tenga una victoria”, dijo a Univision Noticias Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “Muchos analistas que nosotros hemos consultado indican que esto no se resolverá hasta mediados del año próximo, pero el problema es que se topará con la campaña presidencial”.
Para Núñez, la demanda de los estados contra la acción ejecutiva “no se trata de si el presidente tiene o no el poder ejecutivo para hacerlo, sino de una maniobra política”. Y que el futuro de la acción ejecutiva dependerá de las agendas políticas que manejen los candidatos presidenciales tanto demócratas como republicanos.
“Los tiempos no están a favor de la acción ejecutiva en estos momentos”, dijo.
En el sureste del país simplemente aguardan por “buenas noticias”, dice Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana.
“Tengo esperanza que se haga justicia y se pueda dar curso a la acción ejecutiva. Todos estamos cruzando los dedos y pidiéndole a Dios. Y millones de inmigrantes están haciendo lo mismo, aguardando el momento para salir de las sombras para pedir el amparo de sus deportaciones y un permiso de trabajo”, indicó la activista.
De la demora en cuanto a un fallo definitivo, Sándigo dijo que el tiempo “puede ser en corto si ellos (los jueces) quieren. Y si no es favorable, pues el gobierno tendrá que ir a la Corte Suprema de Justicia y esperaremos. Pero la verdad es que mucha gente lo merece y los niños, miles de niños estadounidenses, están esperando esto. Ya es tiempo que lo autoricen”.
Sándigo tiene la representación legal de unos 800 niños estadounidenses de indocumentados muchos de ellos deportados de Estados Unidos.

El escenario inmediato
Hernández dijo que de ir a la Corte Suprema, el tribunal podría decidir revisar el caso a mediados de abril del 2016 para entregar una decisión en junio. Y que se ser favorable al gobierno, la acción ejecutiva demorará unos meses en ser implementada, y los beneficiarios tardarán todavía otros seis meses o un año en comenzar a recibir los beneficios.
“Estamos hablando de 2017”, apuntó.
La acción ejecutiva ampara la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos o residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y de jóvenes indocumentados protegidos por la acción diferida de los Dreamers (DACA, por su sigla en inglés) que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010.
Los beneficiados también recibirán una autorización o permiso temporal de empleo renovable cada tres años.
Los estados que demandaron la acción ejecutiva son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
Montana y West Virginia están gobernados por demócratas quienes no participan en la demanda pero si sus respectivos fiscales generales, ambos republicanos.
El panel de jueces seleccionado para presidir la audiencia del 10 de julio es el mismo que en mayo respaldó el dictamen del 16 de febrero del juez Hanen y está integrado por los conservadores Jerry Smith, (designado por el presidente Ronald Reagan) y Jennifer Walker Elrod (nombrada por el presidente George W. Bush), y Stephen Higginson (nombrado por el presidente Barack Obama).