Indignación en México: gobierno ignora muerte de niños en los campos

Muchos niños pierden la vida en el campo, señor titular de Sagarpa, dicen los activistas indignados

Ciudad de México
Ser un niño y trabajar en un campo agrícola en México significa hacerlo en condiciones de esclavitud moderna, explotación infantil y morir, pues desde 2007 hasta junio de este año, fallecieron 44 menores mientras laboraban como jornaleros, dijo Isabel Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Entre las causas de muerte de esos niños y niñas está el atropellamiento por tractores o camionetas de carga que recogen el producto al interior de las fincas, intoxicación por químicos, desnutrición, gastroenteritis y quemaduras.

“Estos casos han sucedido en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Morelos. Los niños han muerto mientras desarrollaban la actividad agrícola”, explicó la representante de la organización que realiza un monitoreo constante sobre la situación de los menores que trabajan en el campo.

Isabel Nemecio indicó que algunos de esos niños murieron por negligencia médica. “En San Luis Potosí, murieron unos niños durante su traslado de los campos a su casa al volcarse la camioneta en donde iban”, narró.

En Jalisco por ejemplo, fallecieron una niña y dos adolescentes mientras trabajaban en un campo agrícola. Muertes que aún no están claras.

“No sabemos si murieron por una complicación por contacto con agroquímicos o si fue golpe de calor”, explicó.

La activista lamentó la falta de inspección y regulación por parte del gobierno mexicano, de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de los menores y sus padres.

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A pesar de esta problemática, esta semana, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaciónn (Sagarpa), informó que el Gobierno federal promoverá que los jornaleros permanezcan ahí, incluyendo a menores de edad que son parte de la economía agrícola, a través del desarrollo de un programa llamado “Arráigate”.

“Para que nuestras propias familias, nuestros hijos en el campo se queden y lo disfruten, la sociedad entera está haciendo más atractivo irse a las ciudades por la comodidad, no a todos les gusta trabajar la tierra en el sol, en las inclemencias del tiempo. Es muy fácil estar en el aire acondicionado, es muy cómodo tener todas las facilidades, los distractores, y las cosas que les llaman a los jóvenes la atención a la mano, pero después quién se queda en el campo”, dijo Martínez y Martínez durante el foro “Hacia Democratizar la Productividad Rural Sostenible”.

Durante la inauguración de ese foro, el titular de la Sagarpa alertó que los derechos humanos en México, pueden convertirse en una barrera para las exportaciones, como lo pudo ser anteriormente la sanidad, al confundir la “agricultura familiar”, que se refiere al trabajo de menores mexicanos, con “explotación”.

Las autoridades no ven la esclavitud

Las declaraciones del Secretario de Estado, preocuparon a organizaciones como Tlachinollan, que trabajan el tema de los niños jornaleros desde hace años.

Para Isabel Nemecio, lo preocupante es el “enfoque” de las autoridades, pues los menores y sus padres, labran la tierra, siembran y cosechan, en condiciones de esclavitud.

“Me preocupa en dos sentidos: se adjudica la responsabilidad de que los niños y niñas trabajen, que es cuestión cultural de generar ingresos. El otro sentido es que planteé que los niños tengan que trabajar, cuando ni siquiera se han garantizado los mínimos derechos de acceso de educación y estancias infantiles. Al final están diciendo que pueden seguir siendo explotados y que está bien que los niños y niñas trabajen”, dijo Nemecio.

La activista agregó que el enfoque de la Sagarpa es ambiguo y parcial. Muchos menores que no trabajan, pero que viven con sus padres en los campos, carecen de guarderías y escuelas y los que pizcan y recolectan alimentos, lo hacen en condiciones de explotación.

Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín, reveló  en medio del conflicto que libran los jornaleros en Baja California, que una de sus luchas era lograr prestaciones sociales, pues cuando un trabajador enferma, al negársele seguridad social, no tiene derecho a una incapacidad, es decir: “día trabajado, día pagado”, “si no trabajas no ganas”.

“La mayoría de nuestros hermanos al estar trabajando en la pizca de la fresa, pueden tener una contracción en la columna vertebral, lastimarse los pulmones por respirar los químicos o, con las espinas de las moras, hasta con los tallos hay personas que han estado a punto de quedarse ciegas”, narró.

Sánchez Gabriel explicó que si un trabajador del campo enferma y requiere reposo como parte de su tratamiento, el patrón prefiere llevarlo a un centro de salud, incluso pagar una consulta particular, que darle seguro social y pagarle los días que no pueda trabajar.

En esta dinámica también entran los niños y niñas, aseguró.

“Hay que reconocerlo ante la opinión pública: sigue habiendo niños trabajando, porque el salario que recibimos no nos alcanza para que los hijos continúen sus estudios medio superior y mucho menos la Universidad. Se ven obligados a trabajar con actas falsas, de algún familiar, y adentro, cuando se les pregunta su verdadera edad, tienen 13, 14 años”, dijo.

En San Quintín, precisó, el niño más joven que trabaja en la pizca tiene 12 años: “de los 19 jornaleros que aún están presos, de esos nueve son menores entre 15 y 17 años y los otros 10 son adultos”, dijo.

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Cifras de la vergüenza

Uno de cada cinco niños trabaja para pagar su escuela o sus propios gastos, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El 44% de los hogares de jornaleros agrícolas en México cuentan con al menos un niño o niña trabajador.

El 40% de las familias mexicanas no alcanzan a cubrir con sus ingresos la canasta básica, explicó Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Ocho de cada 10 menores que trabajan entre los cinco y 17 años, lo hacen en el ámbito rural.

“Si los menores no acuden a la escuela, pierden tiempo propio para jugar. No pueden cargar con algo que le va afectar y que está por arriba de su capacidad física. No tiene que significar dejar de acceder a opciones educativas y aprendizaje”, precisó.

El director de Redim lamentó que en México se criminalice a las familias pobres, cuando envían a sus hijos a trabajar, debido a que es responsabilidad del Estado garantizar mejores condiciones.

“Al criminalizar a las familias pobres, le quitamos la mirada al Estado y a las empresas que se benefician de la explotación”, finalizó.

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