Político de RD admite que vendió medicamentos adulterados a hospitales

José del Carmen Cruz, del Partido Reformista Social Cristiano, se expone a una condena de 10 años de cárcel

SANTO DOMINGO – Un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) admitió que falsificó medicamentos y los vendió incluso a los hospitales del estado, en medio de un proceso penal que podría suponerle una condena de 10 años de cárcel.

La Fiscalía del Distrito Nacional informó este miércoles que José del Carmen Cruz se declaró culpable, al igual que el coacusado Felipe Jesús Santos, quien se expone a una pena de un año de prisión. Ambos aceptaron los cargos de asociación de malhechores, falsificación de medicamentos, violación a la Ley General de Salud y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas graves.

La fiscalía indicó que, en cuanto a los imputados Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz y Ana Luisa Cruz, retiró la acusación, en vista de que los tres colaboraron en el proceso de investigación.

Informó que Del Carmen Cruz, dirigente de una organización aliada al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), será sometido a un proceso penal abreviado en el que la fiscalía perseguirá una pena condicional, “en el entendido de que posee complicaciones médicas como insuficiencia renal crónica y diabetes, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif)”.

El acuerdo implica que Del Carmen Cruz no podrá dedicarse a ninguna actividad vinculada al sector  por un periodo de 10 años.

Las autoridades cancelarán los registros mercantiles y permisos para operar en el sector salud de 15 empresas, entre las que figuran el Centro de Diagnóstico Guaricano, Export Pharma , Guifar, Yomifar y Credijones Constructora Inmobiliaria.

El acuerdo compromete al imputado a condonar una deuda de más de 10.4 millones de pesos (más de 231 mil dólares) que mantenía el Ministerio de Salud Pública con sus empresas.

La fiscalía informó que incinerará todos los medicamentos ocupados al dirigente político mientras que los equipos destinados a su fabricación quedarán bajo control del Ministerio de Salud.

Se indicó que el 51.5% de los bienes del político eran de origen ilícitos y que se decomisarán en beneficio del estado para ser distribuidos conforme a la Ley de Lavado de Activos.

Recordó que al imputado se le retuvieron más de 100 millones de pesos (más de 2.2 millones de dólares) en certificados financieros, 14 inmuebles y siete vehículos.

La fiscal del distrito Yeni Berenice Reynoso dijo que “este es uno de los procesos que más seguimiento le ha dado la fiscalía por la gravedad del mismo y por ser el caso más relevante del país en materia de medicamentos adulterados”.

“Es importante que quienes operan en el comercio de la adulteración y falsificación de este tipo de productos reciban el mensaje de que serán sancionados penalmente, que sus bienes serán decomisados y que a sus empresas se le cancelarán los registros mercantiles y los permisos para operar”, apuntó Reynoso.

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