Anuncian iniciativas para combatir integridad en notas académicas
Investigarán denuncias de alteraciones en evaluaciones
La canciller de educación Carmen Fariña anunció este martes una serie de iniciativas para garantizar la integridad de las calificaciones académicas que incluye por primera vez una fuerza de trabajo permanente encargada de supervisar que todas las escuelas cumplan con estándares rigurosos.
“Las escuelas que violen nuestras políticas académicas no están dando a los estudiantes la educación que se merecen, tenemos tolerancia cero para este tipo de escuelas”, dijo la canciller. “Nuestras políticas no son negociables y cualquier acción inapropiada será reportada”.
El anuncio llega en medio de denuncias de fraude en las notas académicas incluyendo la de una escuela superior en Brooklyn de la cual su directora fue despedida recientemente.
El caso más reciente sobre la otorgación de notas ficticias a los estudiantes que no se lo merecen, salió a relucir en la escuela Dewey High de Brooklyn en la que investigadores determinaron que la directora Kathleen Elvin otorgó créditos falsos a los estudiantes y manejó mal los exámenes durante el año escolar 2013 2014. Su despido se produjo el mes pasado y dos administradores fueron disciplinados.
La función del grupo de trabajo, concretamente, consistirá en recopilar datos sobre todas las escuelas de la ciudad para vigilar e investigar cualquier tipo de conducta sospechosa en términos de resultados de exámenes académicos. Cualquier escuela que sea identificada como que está inclumpliendo con los procedimientos desarrollará un plan de acción correctivo inmediato y el director deberá cerciorarse de que sea implementado.
Así mismo, Fariña dijo que su agencia ha contratado a la compañía Ernst and Young, una empresa auditora independiente que realizará pruebas de los datos académicos y comunicará sus conclusiones al grupo de trabajo.
El nuevo Grupo de Trabajo de Regulación de Política Académica, que será dirigido por Phil Weinberg, vicecanciller de Enseñanza y Aprendizaje, reportará directamente al Canciller y producirá informes bianuales sobre toda la ciudad respecto a cuán bien las escuelas están implementando directrices del Departamento de Educación.
La iniciativa costará alrededor de $5 millones.