Activistas condenan excusa de EEUU de detener a familias migrantes

DHS insiste en detención de familias para desalentar cruces ilegales en la frontera
Activistas condenan excusa de EEUU de detener a familias migrantes
El fallo de la jueza obliga la liberación de los niños migrantes en centros de detención, así como la de sus padres.

Washington.- Grupos proinmigrantes de todo el país condenaron este viernes la postura “moralmente indefensible” del gobierno de Obama de insistir en la detención de madres y niños, y urgieron el fin de la práctica porque viola un acuerdo federal de 1997.

Esta madrugada, en documentos presentados ante un tribunal en California, la Administración de Obama afirmó que ha empezado a soltar a familias con “miedo creíble” a la persecución, que está tomando medidas para reducir el tiempo de las detenciones, y que restringirlas alentaría más cruces ilegales en la frontera.

Pero, en conferencia telefónica, activistas implicados en el caso urgieron al gobierno a que cumpla con el fallo del pasado 24 de julio de la jueza federal, Dolly Gee, quien prepara una orden final para restringir la detención de las familias bajo el llamado “Acuerdo Flores” de 1997.

“Creemos que su postura (del gobierno) es moral y legalmente indefensible… en particular por las necesidades especiales de los niños y creemos que la corte mantendrá su fallo”, dijo Peter Shey, presidente del Centro para Derechos Humanos y Ley Constitucional.

Bajo la eventual orden de la jueza, el gobierno tendría que acelerar la puesta en libertad de los menores y de madres que tienen casos válidos de asilo, y que no supongan un riesgo de fuga o para la seguridad nacional.

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El “Acuerdo Flores” rige el tratamiento de los niños bajo custodia de Inmigración, da prioridad a su entrega a un padre de familia, y permite su detención sólo como último recurso y, si ésta es necesaria, en condiciones lo menos estrictas posibles.

Tras la detención masiva de familias con niños a raíz de la crisis humanitaria en la frontera sur en 2014, la Administración Obama es la primera en violar el “Acuerdo Flores”.

Para los activistas, el gobierno de Obama debería sentir “vergúenza” con su contradictoria respuesta al fallo de Gee porque, si en junio pasado dijo que ya no usaría las detenciones para disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica, no puede ahora argumentar que las necesita para cerrar el grifo de indocumentados.

“No están respondiendo a las raíces de la migración de refugiados de Centroamérica… no debe ser la respuesta de nuestra Administración castigar a refugiados por venir a nuestro país a buscar su seguridad”, dijo Jessica Jones, abogada de “Lutheran Immigration and Refugee Service” (LIRS).

Contrario a lo que hoy mismo volvió a alegar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los activistas afirmaron que el “Acuerdo Flores” sí aplica a los “centros residenciales para familias”, como el gobierno llama a los centros de detención.

Los activistas, que bajo el “Acuerdo Flores” presentaron en febrero pasado una demanda en busca de alternativas menos costosas y más humanitarias, están repasando los argumentos de la Administración y prevén enviar su propia respuesta al tribunal en las próximas dos semanas. No descartaron que el Departamento de Justicia apele la orden de Gee.

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Postura del DHS

En declaraciones a este diario, una portavoz del DHS, Marsha Catron, dijo hoy que a la agencia le preocupa que si la corte le exige dejar libre a todas las familias que intentan entrar ilegalmente a EEUU –incluso aquellas que no establecen elegibilidad para alivio o protección de la deportación- “puede haber otro aumento notable en los números de adultos que intentan cruzar la frontera con niños”.

DHS calcula que, en el panorama actual, puede mantener bajo detención a las familias con “miedo creíble” durante un promedio de 20 días mientras se revisan sus casos, y espera que la jueza acepte esa propuesta.

Según los documentos presentados en California, para el pasado 3 de agosto había un total de 643 familias, ó 1,419 madres y niños en los centros de detención en Karnes y Dilley, en Texas, y en el Condado Berks, en Pensilvania.

De los precandidatos presidenciales, hasta ahora solo ha reaccionado el exgobernador demócrata de Maryland, Martin O’Malley, quien en su cuenta en Twitter preguntó, en inglés y español: “¿Por qué se rehusa @DHSgov a liberar a los niños y mamas refugiados (sic)”.