Funcionaria de Kentucky apela orden de encarcelamiento

Una administradora municipal de Kentucky apeló la decisión de un juez de encarcelarla por rehusarse a emitir licencias matrimoniales a parejas del mismo género.
Los abogados de la administradora del condado de Rowan, Kim Davis, oficialmente apelaron el fallo el domingo. La moción de tres páginas no incluye los argumentos por los cuales Davis debería ser dejada en libertad, pero modifica una apelación previa por parte de Davis a la orden del juez.
Davis está en contra de los matrimonios del mismo sexo por motivos religiosos y dejó de emitir todo tipo de licencias matrimoniales en junio pasado, luego de que la Corte Suprema legalizara los matrimonios entre personas del mismo sexo. Dos parejas la demandaron. El juez de distrito, David Bunning ordenó a Davis que emitiera las licencias, pero ella se rehusó, alegando que no podía traicionar sus creencias.
Bunning envió a Davis a prisión el jueves por desobedecer sus órdenes. Sus subsecretarios comenzaron a emitir licencias de matrimonio a parejas gay desde el viernes.
La funcionaria decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio, cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país, una decisión histórica que anuló la potestad de los estados para prohibir el casamiento entre parejas gay.
Así, el matrimonio entre personas del mismo sexo se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los 13 estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir dichas uniones.
Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a los gays, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal, con el argumento de que sus creencias religiosas la excluyen de tener que cumplir con esa obligación.
Davis llegó hasta el Supremo,  que el pasado lunes le ordenó que, de manera inmediata, comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas, mientras la funcionaria sigue con el proceso legal en instancias judiciales inferiores, algunas de las cuales ya han rechazado su causa.