Gobierno mexicano ampliará mandato de expertos de CIDH sobre caso Ayotzinapa
Denuncian numerosas irregularidades existentes en el proceso y niegan a la posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en un basurero, como asegura la versión oficial
La procuradora general de México, Arely Gómez, informó hoy que el Gobierno mexicano prorrogará el mandato de los expertos comandados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar las investigaciones sobre la desaparición de 43 estudiantes hace casi un año.
Gómez hizo este anuncio en una conferencia de prensa, unas horas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH presentara su informe de conclusiones tras una investigación de seis meses.
En él denuncian numerosas irregularidades existentes en el proceso y niegan a la posibilidad de que los jóvenes fueran incinerados en un basurero, como asegura la versión oficial, con base en el peritaje hecho por un experto en fuego.
En este sentido, la fiscal general anunció que ha instruido la realización de un nuevo peritaje a cargo de “un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”, que tendrán que analizar el basurero de Cocula donde presuntamente fueron incinerados los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014.
La procuradora anunció además que ha ordenado que la averiguación previa sea llevada en su totalidad por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
Con ello, habrá una acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición y estos serán resueltos por el mismo juez federal.
Gómez informó que derivado de la investigación ministerial se ha ejercido acción penal contra 131 personas, de las cuales 110 han sido aprehendidas y enfrentan un proceso penal para responder por estos hechos “que tanto indignan a los mexicanos”.
La procuradora, quien estuvo acompañada por varios funcionarios de la Fiscalía, insistió en que las investigaciones “continuarán hasta sus últimas consecuencias” y aseguró que, atendiendo a las instrucciones del presidente, Enrique Peña Nieto, los resultados del informe “se analizarán y en su momento la Procuraduría valorará su incorporación a la averiguación previa”.
La desaparición de los estudiantes a manos de policías corruptos de los municipios de Iguala y Cocula “es un hecho que indigna y lastima a toda la sociedad y por supuesto al Gobierno”, por lo que la Procuraduría “continúa y continuará con su labor hasta que el último responsable sea consignado”.