Autoridades federales cierran el caso de Inversionistas Unidos
Las victimas buscan llamar la atención de sus consulados y funcionarios electos para impedir que el caso no se quede en el limbo
Nueva York— La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) cerró por ‘evidencia insuficiente’ la pesquisa en el caso de fraude a unos 400 inmigrantes latinos de Queens, a manos de la compañía de importaciones y exportaciones Inversionistas Unidos. Sus propietarios, Oswaldo Patiño y Liliana Henao, presumiblemente se apropiaron de entre $15 y $20 millones.
“Esta carta es para ofrecerle una actualización sobre el caso que se ha remitido previamente al Programa de Asistencia a Víctimas del FBI. En este momento, el FBI ha cerrado la investigación por insuficiente evidencia en relación a la violación de las leyes federales penales”, dice una misiva de la agencia enviada a las víctimas de la estafa. “La decisión de cerrar este caso no disminuye la importante contribución que usted hizo a la investigación. Su ayuda y cooperación son realmente apreciadas”.
El Diario ha seguido el caso desde enero de 2012, cuando los directores de Inversionistas Unidos se esfumaron con el dinero de cientos de inmigrantes, la mayoría ecuatorianos y colombianos de Jackson Heights y Corona. En agosto, éste rotativo reveló que el FBI cerrería la investigación.
“Quiero que se haga justicia. Es posible que no recupere un solo dólar de mi dinero; sin embargo, este par de ampones deben pagar por su crimen”, dijo el colombiano Carlos Norena, quien entregó $90, 000 a la empresa, que prometía duplicar el esquema de recaudación de capitales de sus inversionistas.
Norena solicitó una audiencia con el Consulado General de Colombia en Nueva York para pedir que las autoridades del país sudamericano no abandonen la pesquisa a raíz de las denuncias contra Henao.
“La estafa de Inversionistas Unidos cruzó fronteras”, dijo Norena, quien investigó -ante la supuesta inacción de los investigadores federales- los movimientos financieros de Liliana Henao en la ciudad de Medellín.
Otros afectados planean pedir audacias con los funcionarios electos del área y con sus consulados para solicitar que el caso no se quede en el limbo.
