“Teníamos la tierra y un Dios y ahora somos los apestados”

México.-  Cada 15 de septiembre, cuando truenan los cohetes y ondean las banderas tricolores al coro de “Viva México” en todo el país, un sentimiento oscuro golpea el corazón de alrededor de 220 familias de la etnia triqui al recordar que en un día similar del año 2010 salieron los últimos desplazados de San Juan Copala, la comunidad donde habían vivido desde tiempos ancestrales.

Grupos armados que las víctimas ubican como gente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) echaron una a una a 700 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos; la mitad de ellos, se dispersó para sobrevivir en el Distrito Federal, Baja California y Estados Unidos; el resto, aún pide justicia en el centro de Oaxaca, la capital del estado.

“Teníamos tierra, un dios, una iglesia y ahora somos los arrimados, los apestados”, dice Marcos Albino, quien fue obligado a salir de San Juan Copala junto con su esposa y tres hijos  y hoy  siguen de plantón intermitente en Oaxaca igual que hace cinco años, a veces en tiendas de campaña, a ratos con parientes o amigos que los vieron llegar sólo con la ropa que tenían puesta.

Dejaron los documentos de identidad y escolaridad; las propiedades y recuerdos para no morir asesinados en su comunidad ubicada a 300 kilómetros de la capital estatal .

Desde entonces se la han visto negras. Los padres de familia sin trabajo o como albañiles o peones del campo; las mujeres, en la venta artesanías, pero los más afectados son las personas de la tercera edad: mudos por sólo hablar triqui y discriminados por ir descalzos en la calle de la ciudad como si bordearan las colinas de la fértil y rica tierra arrebatada.

Hace unos días, Albino fue amenazado de muerte. Iba a buscar unas cobijas para soportar el frío nocturno en el  campamento improvisado frente al Palacio de Gobierno cuando dos hombres lo llamaron por su nombre, le mostraron un arma y le pidieron que se detuviera. No lo hizo. Corrió y pensó que ahí mismo moriría, pero no dispararon.

“Es muy fácil que te maten aquí porque no hay justicia, el ministerio público no investiga y por eso te callan a balazos“. El dicho dice que muerto el perro se acaba la rabia, pero no ha ocurrido así con los indígenas. La rabia sigue y corre por la sangre.

“En Oaxaca hay una lucha racial que no ha concluido”, detalla Omar Esparza, dirigente de la organización civil Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz) y viudo de la activista Beatriz Cariño, asesinada en 2012 junto con el observador finlandés Jiry Jaakkola en una emboscada que organizaron miembros del MULT cuando los desplazados trataban de llamar la atención internacional de su lucha.

El origen del conflicto

Después de la victoria del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que logró con el movimiento armado en Chiapas consolidar la ley de usos y costumbres para los pueblos originarios del país, la mitad de las 32 comunidades de la región triqui de Oaxaca vieron en la autonomía de sus territorios una oportunidad de deshacerse de cacicazgos.

Los líderes de MULT -que en sus orígenes eran una organización social- se convirtieron en un Partido Político (Unidad Popular) y brazo de control regional del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aliados, pusieron a la región bajo la ley de “plata o plomo”, coinciden los desplazados. “Un botín político y económico”.

En los periodos de gobierno de Diodoro Carrasco (1992-1998), citan por ejemplo, sacaban 60,000 votos a favor del PRI cuando sólo 20,000 personas vivían en la región. La fórmula: no dejar entrar a observadores electorales.

“Mantener el control político va de la mano de controlar la riqueza de los triquis: tenemos bosques, minería, agua que administran y concesionan a su antojo”, observa Albino.

La búsqueda de la autonomía de las comunidades indígenas era una amenaza. Entre 2006 y 2007 seis comunidades la lograron. “Y se desató la represión”. Un año después, el gobierno de Ulises Ruíz, dividió a las 32 comunidades indígenas entre los municipios mestizos de Putla, Constancia del Rosario y Juxtlahuaca para evitar la rectoría de usos y costumbres.

Luego, cada año se puso peor. A plena luz del día, los pistoleros comenzaron a bloquear las carreteras, cortar luz y agua, a pasearse por las calles. Siguieron los asesinatos: 25 en total, nueve de los 10 líderes. Y los destierros. Y los odios. Era gente que se conocía entre sí, los unos obligaban a los otros a dejar sus casas, parcelas, gallinas, cerdos que luego maltrataban por el placer de dañar “al enemigo”.

El regreso postergado

El triunfo de Gabino Cué como primer gobernador procedente de una alianza que enfrentó al PRI en las urnas fue una inyección de esperanza desde diciembre de 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares para 135 triquis de San Juan Copala y la nueva administración prometió cumplirlas junto con el retorno.

Desde entonces ayudó a algunos desplazados con la renta de locales; a otros, les otorgó alrededor de 12,000 dólares como compensación o terrenos ubicados en distintas zonas del estado, pero no ha logrado responder a la demanda principal de la etnia: regresar a su lugar de origen. “Sólo hay promesas, una promesa que se ha extendido por cinco años”, dice Braulio Hernández, otro de los dirigentes de las víctimas.

El Estado considera que no hay condiciones para garantizar la seguridad en el retorno. En 2012, las víctimas intentaron volver y encontraron que sus casas estaban ocupadas por otras personas con las que podrían enfrentarse.

El activista Esparza considera que la solución del conflicto es complicada y descarta que la intermediación del gobierno resulte en algo positivo. “ Se requiere actores de otra índole, de carácter moral, que estén dispuestos a mediar entre los grupos, primero el Mult y después con los grupos del PRI”.

Por otro lado -agrega- el desarme pacífico, la desaparición de grupos paramilitares y el juicio político contra los gobernantes. Y lo más difícil e imprescindible: “el perdón entre ellos mismos”.

CONTEXTO

Las luchas sociales, políticas, religiosas y raciales han provocado el desplazamiento de cientos de personas en diversas comunidades la región triqui y de un número impreciso de asesinatos que ronda el millar desde 1940. San Juan Copala ha sido el más representativo por el número de víctimas.