“El castigo debe ser proporcional al delito”
Avanza proyecto para reducir las penas de los encarcelados por delitos de drogas
CRANSTON, RI - DECEMBER 10: (Editorial Use Only) David Smith (his name has been changed at the request of the Rhode Island Department of Corrections, both to protect him and the identity of people and victims associated with his crime), a prisoner at Rhode Island's John J. Moran Medium Security Prison, watches television during free time in his wheel chair on December 10, 2013 in Cranston, Rhode Island. Smith, who is 70, is currently six years into a 40 year sentence for attempted murder: this is his fifth time in state prison, he has also served two sentences in federal prison. Smith says prior to his most recent conviction he was working as a mechanic, though illness and financial issues eventually led to him trying to murder his brother's sister. He now suffers from a long list of medical problems including chronic obstructive pulmonary disease, bronchitis, diabetes and ulcers. His list of medications includes an oxygen tank, 13 pills taken on various daily and weekly schedules, two inhalers and daily insulin injections. Smith is one of the rare prisoners who gets a cell to himself, due to his medical condition. Approximately 50 of the prison's 1020 inmates are 65 or older. The U.S. incarcerates more people than any other country, with the number of inmates increasing 42 percent between 1995 and 2010, according to Human Rights Watch, and the number of prisoners 55-and-older skyrocketing by 282 percent. The increases are blamed on the "tough on crime" and the "war on drugs" policies enacted in the 1970s through the 1990s, with mandatory-minimum sentencing, three-strike laws and life-without-parole legislation becoming popular. (Photo by Andrew Burton/Getty Images) Crédito: Getty Images
Washington
El Gobierno del presidente Barack Obama apoyó ayer un nuevo proyecto legislativo para reducir el tiempo que tienen que cumplir en prisión las personas condenadas por delitos de drogas en EEUU, entre las que se encuentra en mayor proporción miembros de las minorías latina y afroamericana.
“Creo que es un buen paso para restaurar el equilibrio” en las cárceles, consideró Sally Quillian Yates, la “número dos” del Departamento de Justicia de EEUU, que compareció hoy ante el comité judicial del Senado para expresar su visión sobre un nuevo proyecto legislativo, impulsado por demócratas y republicanos.
El nuevo proyecto, presentado este mes, pretende acabar con las altas tasas de encarcelamiento del país, cuya población carcelaria ha pasado de 500,000 a 2,2 millones desde que en 1980 el Congreso aprobara una reforma para que los condenados por delitos de drogas tuvieran que cumplir un tiempo mínimo en prisión.
“Sin lugar a dudas, los que violan la ley deben de rendir cuentas y hay delincuentes tan peligrosos que deberían de estar en la cárcel por un tiempo muy largo. Pero tenemos que asegurarnos de que existe un sentido de proporcionalidad. El castigo debe ser proporcional al delito”, afirmó Quillian Yates.
De aprobarse la nueva ley, los jueces federales tendrían la capacidad de otorgar a los acusados penas menores a las establecidas por la ley actual de condenas mínimas para delitos no violentos de drogas, que actualmente permite imponer 16 años de prisión a alguien sin antecedentes.
Ese es el caso de Debi Campbell, una mujer originaria de Long Beach (California), presente hoy en la audiencia y que, en 1994, recibió una condena de 19 años, luego se redujo a 16, por vender metanfetaminas, droga a la que tanto ella como su marido eran adictos.
Actualmente, aquellos que cometen tres crímenes de drogas no violentos son sentenciados a cadena perpetua, pero la nueva ley quiere acabar con eso e implantar una condena de 25 años, en vez de un castigo de por vida.
En el Congreso se están gestando también otras leyes para reformar el sistema penal, aunque el que se discute en el Senado está considerado como el más completo y el que tiene más posibilidades de ser aprobado por el apoyo de senadores de peso, como el republicano Charles Grassley y el demócrata Patrick Leahy.
En julio pasado, Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que visita durante su mandato una prisión federal al recorrer la cárcel de El Reno (este de Oklahoma) y reunirse con seis presos encarcelados por delitos relacionados con las drogas.
Por una reforma
El mandatario retomó este fin de semana su campaña en favor de una reforma del sistema de justicia criminal y adelantó que en las próximas semanas viajará por el país para destacar algunos de los esfuerzos que se están haciendo para cambiar el sistema penal.
