EEUU mantendría a más de 2,000 madres y niños migrantes en centros de detención

Washington.- Poco más de 2,000 inmigrantes indocumentados podrían permanecer en tres centros de detención y en limbo legal, pese a que la Administración Obama afrontaba un plazo para esta medianoche para poner en libertad a niños y madres con casos de asilo, a juzgar por un documento al que tuvo acceso este diario.

El pasado 21 de agosto, una juez federal en Los Angeles (California), Dolly M. Gee, afirmó que la Administración Obama ha violado el llamado “Acuerdo Flores” de 1997 al mantener detenidos a niños indocumentados no acompañados, y dio plazo hasta la medianoche del 23 de octubre para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) los dejara en libertad.

“En vista del plazo del 23 de octubre para cumplir con la  orden judicial sobre (el Acuerdo) Flores, DHS ha trabajado de forma diligente para asegurar que estamos cumpliendo con todos los aspectos de la orden de la corte”, dijo a este diario una portavoz del DHS, Jennifer Elzea.

Sin embargo, Elzea no precisó si, para efectos prácticos, el DHS pondrá en libertad a los menores mientras la Administración apela la decisión judicial.

La población en los tres centros de detención fluctúa en cuanto a número de detenidos y estancia, por lo que se desconoce exactamente a quiénes y a cuántos afectará la prolongada batalla legal.

Planes de apelación

El pasado 18 de septiembre,  el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson dijo en una declaración escrita que la Administración Obama anunció su intención de apelar la orden judicial.

Según un documento al que tuvo acceso hoy este diario, el Departamento de Justicia tiene hasta el 29 de febrero de 2016 para presentar su apelación del caso, lo que previsiblemente prolonga la batalla sobre el futuro de las madres y niños.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para el miércoles pasado, poco más de 2,000 niños y sus padres permanecen en los tres centros de detención, en el sur de Texas ?en Dilley y Karnes-, y el Condado Berks, en Pensilvania.

Mientras, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) dijo a este diario que desde julio pasado, la estancia promedio en los centros de detención bajó de dos meses a dos semanas, con apego a una orden que dio Johnson en junio pasado.

Reacción desde la contienda

En declaraciones a este diario, la campaña del precandidato presidencial demócrata, Martin O´Malley, criticó que el gobierno de EEUU siga la práctica de la detención de familias centroamericanas.

“A pesar que una corte federal ordeno su liberación sin demoras innecesarias, el gobierno de Estados Unidos continúa deteniendo a madres e niños centroamericanos trás una cerca de alambre de púas, alegando que el hacer esto va a ‘desalentar a que otros elijan emigrar”, dijo.

“Si seguimos esta lógica, encerrar a refugiados sirios en jaulas inhumanas, en condiciones similares de aislamiento, detendría la emigración de quienes están huyendo de una guerra que ha causado una de las crisis de refugiados más devastadoras que hayamos visto. Los refugiados no eligen emigrar, ellos huyen para salvar sus vidas”, puntualizó.

La precandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, también ha prometido que, si gana, cerrará los centros de detención.

Disputa sobre “Acuerdo Flores”

En un claro revés para la Administración Obama, la jueza Gee, que preside una demanda presentada en febrero pasado, determinó en dos ocasiones distintas en julio y agosto pasados, que el “Acuerdo Flores” también aplica para niños detenidos con sus padres, algo que están en disputa.

Según Gee, el “Acuerdo Flores” requiere que los menores sean puestos en libertad junto con sus madres –si éstas no representan un riesgo de fuga o de seguridad-, o trasladados a instalaciones alternativas con licencia gubernamental.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), afirmó que, en vez de apelar la orden, la Administración Obama “simplemente debería hacer lo correcto: respetar la Constitución y ponerlos en libertad de inmediato”.

Frente a las críticas de grupos proinmigrantes, DHS ha dicho en el pasado que las familias que logran establecer un “miedo creíble o razonable de la persecución” en sus países de origen están siendo puestas en libertad mientras su caso se resuelve en los tribunales.

También ha insistido en que mantiene su compromiso con la reforma de las políticas de detención de inmigrantes, pese a crecientes presiones políticas de cerrar los centros de detención.

Sin embargo, Johnson también ha dejado en claro que el DHS continuará procesando “de forma expedita” la deportación de los inmigrantes indocumentados que no califiquen para ninguna protección migratoria.