Corte Suprema de Connecticut mantiene prohibición de pena de muerte

Ley estatal abolió la pena capital en 2012
Corte Suprema de Connecticut mantiene prohibición de pena de muerte
Foto: Archivo / EFE

La Corte Suprema de Connecticut rechazó el viernes una solicitud de los fiscales para poner en suspenso su decisión histórica de eliminar la pena de muerte en el estado, mientras que los jueces consideran la apelación en otro caso sobre la pena capital.

La decisión es la segunda en este mes. El 8 de octubre el tribunal rechazó una solicitud de los fiscales para que reconsideren la decisión.

Previamente en agosto los jueces votaron 4 a 3 en relación a que la pena de muerte viola la constitución del estado.

Durante el último pronunciamiento, los jueces dijeron que su decisión es definitiva y que sería un mal precedente e  inadecuado el conceder una estancia a una parte que pierde una apelación y que tiene la esperanza de ganar en otro caso diferente.

Los miembros de la Corte Suprema que estuvieron claramente divididos, en el caso del asesino convicto Eduardo Santiago, dijeron que la ley estatal de 2012, que abolió la pena capital para los delitos futuros debe cobijar a los 11 hombres que todavía enfrentan la ejecución por homicidios que ocurrieron antes que la ley entró en vigencia.

Santiago se había enfrentado a la posibilidad de la inyección letal por un asesinato a sueldo ocurrido en 2000 en West Hartford.

La mayoría de los jueces dijeron que la pena de muerte “no concuerda con las normas contemporáneas de la decencia” y no sirve a ningun “propósito criminológico legítimo”.

Los fiscales habían pedido a la Corte Suprema suspender la decisión en el caso de Santiago, mientras que los jueces consideran una apelación en el caso de Russell Peeler Jr. asesino convicto y condenado a muerte por haber ordenado la matanza en 1999 de un niño de 8 años y de su madre en Bridgeport, debido a que el pequeño iba a ser un testigo clave contra él en un tiroteo fatal.

Peeler en su recurso de apelación presentado en 2008, dijo que la pena de muerte del estado “ascendió a un castigo cruel e inusualmente inconstitucional”.

En 2005, Michael Ross fue ejecutado, tras ser declarado culpable de una serie de asesinatos en Connecticut y Nueva York entre 1981 y 1984. Sin embargo, renunció a todas las apelaciones y, literalmente, rogó para que fuera ejecutado.