Expertos: Hornos crematorios “clave” para investigación de los 43

Ciudad de México

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Gobierno mexicano investigar los hornos crematorios, tanto públicos como privados, en Guerrero, a donde pudieron ser llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.

Pidió catear estos lugares ya que “es clave en la investigación, debido a que la PGR solo encontró restos incinerados” en las bolsas que fueron arrojadas al basurero de Cocula, dijeron los expertos en conferencia de prensa.

Además, recalcaron la importancia de realizar una nueva autopsia, y por ende exhumar, al normalista Julio César Mondragón, joven asesinado la misma noche de la desaparición de los estudiantes, por considerar que podría dar nuevas evidencias para la investigación.

El GIEI explicó que a la fecha no se ha entregado un mapa que dé detalles del basurero de Cocula, donde supuestamente fueron arrojados los restos de los 43, pese a haber sido solicitado desde marzo.

Los expertos dijeron que no es necesario un tercer peritaje en el basurero de Cocula, puesto que ya fue hecho por el investigador José Torero. Pero ante la decisión de la PGR de hacerlo, señalaron que el grupo de investigadores que lo realice debe estar ampliamente capacitado en temas del comportamiento del fuego.

Expertos: sin invitación a interrogatorio de PGR

El Grupo Interdisciplinario dijo que no quitará el dedo sobre la necesidad de entrevistar los militares del batallón 27.

“La PGR [Procuraduría General de la República] entrevistó a 12 militares. Algunos corresponden a los 26 que nosotros habíamos identificado como necesario entrevistar”, dijo Carlos Beristain uno de los expertos. “Si seguimos considerando que es necesario entrevistar al 27 batallón, insistiremos”, agregó el colega de Beristain, Francisco Cox.

El grupo aclaró que no fue informado de las declaraciones de los militares y señalaron que sin tener aviso de parte de la PGR, esa dependencia entrevistó a 10 militares del batallón 27 el 26 de agosto y a dos más el 11 de septiembre.

Los expertos refirieron que no solo nunca fueron invitados a estar presentes en las entrevistas, sino que los 15 cuadernillos que aún les quedan por revisar, recién hechos llegar este mes y que contienen dichas declaraciones, carecen de las preguntas de la PGR. Es decir los expertos han quedado sujetos a leer las respuestas pero no los cuestionamientos hechos.

Sobre la Ley de desaparición forzada, el GIEI recomendó que su aplicación debe incluir a los casos de desaparición anteriores a su entrada en vigencia. Luego de revisar un anteproyecto los expertos indicaron que los criterios de búsqueda e investigación deben ser uniformes.

Cinco meses más

El pasado 28 de octubre, el pleno de la CIDH anunció que el Grupo de Expertos estará en México hasta el 30 de abril de 2016, para continuar investigando la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con la posibilidad de renovar el mandato.

Uno de los puntos clave que deberán seguir negociando los expertos con el Gobierno mexicano es la exigencia del grupo de entrevistar personalmente a los militares del Batallón 27 con sede en Iguala.

El 20 de octubre en una audiencia de la CIDH sobre el caso, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Roberto Campa, se limitó a decir que “la diligencia que tiene que ver con el Batallón 27 puede desarrollarse en los términos del acuerdo a través del Ministerio Público”.

Al respecto, la Comisión decidió extender el mandato de este grupo de expertos creado en noviembre de 2014 por un periodo de seis meses, como pedía el Gobierno mexicano, aunque las familias de las víctimas querían que esta investigación se prolongara indefinidamente.

La decisión llegó después de que el pasado 19 de octubre el grupo de expertos alcanzara un acuerdo con el Gobierno de México para abrir una segunda etapa de trabajo con nuevas reglas, entre ellas incluir el informe de la CIDH en la investigación del caso.