El dilema de la cuestión migratoria

Hace años que escribo de la necesidad que tiene este país en aprobar una nueva ley de inmigración.
Una ley que controle la frontera pero que a la vez de permita a los que viven sin papeles en este país tener un camino a una residencia legal y eventualmente a una ciudadanía. Por supuesto esto sólo estaría disponible para aquellos que no tengan un récord criminal.
Ante todo quisiera una ley que no deportara a los padres de niños nacidos en Estados Unidos.
El Congreso no ha hecho nada. Es como si en el país no hubiera más de 11 millones de indocumentados. La mayor parte de ellos hombres y mujeres trabajadores que llenan muchos empleos que los norteamericanos no quieren hacer.
Pero ahora – en plena campaña electoral – tenemos que oír las estupideces que dice el multi-billonario Donald Trump. El dice que hay que deportar a todos los indocumentados. ¿Cómo si eso fuese fácil de hacer?
Además lo que dice Trump son insultos. Es cierto que hay algunos criminales entre los indocumentados. Pero la grana mayoría viene a este país a trabajar duro.
Y Estados Unidos necesita legalizar a estos indocumentados. La población de este país cada día es más vieja. Y eso pone en peligro los planes del Seguro Social y el Medicare. Pronto no van a tener dinero para pagar a los que reciben los beneficios.
Eso hace aún más importante la legalización de los indocumentados. Ellos son más jóvenes que el promedio de edad de la población de este país. Y si se les legaliza, ellos contribuirían a que no se le acabe el dinero a estos programas.
A pesar de todo esto no me gusta la idea de que el presidente trate de poner en vigor un programa de legalización de indocumentados – en particular a los padres de niños nacidos en Estados Unidos – sin contar con el Congreso.
Por suerte esta semana un Tribunal de Apelaciones dijo que lo que propone el Presidente es inconstitucional. Ahora la cosa va al Tribunal Supremo. Allí se decidirá si el Presidente puede tomar decisiones de esta índole sin contar con el Congreso, o si es necesario la aprobación del Poder Legislativo.
El Departamento de Justicia apunta que lo que la Administración quiere hacer es sólo darle prioridad a la deportación de criminales. Y mientras hace esto quisiera permitir que los que quedan en este país puedan trabajar legalmente.
Mi corazón quiere que el Tribunal Supremo le de la razón al presidente Barack Obama en este asunto. Pero legalmente veo los peligros que esto acarrea. No me gusta la idea de que un Presidente – de cualquier partido – pueda tomar decisiones de este tipo sin apoyo del Congreso.
Creo que es muy peligroso para este país.