Casa Blanca luchará por alivios migratorios y reforma, dice Cecilia Muñoz
WASHINGTON.- La Administración Obama apeló este viernes el fallo contra los alivios migratorios ante el Tribunal Supremo, y la Casa Blanca aseguró que continuará luchando hasta el final por implementarlos y proteger a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Al conmemorar hoy el primer aniversario del anuncio de los alivios migratorios por parte del presidente Barack Obama, el Departamento de Justicia entregó un documento de 45 páginas ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de revertir el fallo judicial que frenó su puesta en marcha.
En entrevista con este diario, la principal asesora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, aseguró hoy que la apelación es parte de la lucha por lograr la implementación de los alivios migratorios, y confió en que ganarán el caso.
“Esto no es simbólico, es una apelación ante el Tribunal Supremo y esperamos que ellos tomarán el caso… Creemos que estamos en lo correcto dentro del marco legal y que, desde luego, estamos en el lado correcto de la Historia”, afirmó Muñoz.
“La gente que se beneficiaría de estos programas (DACA y DAPA) cuando salgamos de este litigio tiene que saber que no son prioridad para la deportación” y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “no los está arrestando”, indicó la funcionaria.
Así, la Casa Blanca quiso transmitir un mensaje de esperanza sobre la implementación de los alivios migratorios, pese a las advertencias de la mayoría de los precandidatos presidenciales republicanos de que, si ganan en 2016, revertirán estas protecciones.
¿Y los niños en centros de detención?
Ante las críticas de algunos grupos pro-inmigrantes de que la Administración Obama ha expresado apoyo a los refugiados sirios mientras mantiene a niños en centros de detención, Muñoz aseguró que EEUU se toma en serio sus obligaciones internacionales tanto en el mundo como en la frontera sur.
“Desde que comenzó la crisis (en la frontera sur), hemos estado equilibrando los objetivos de vigilar la frontera y asegurar que la gente que solicita asilo político puedan hacerlo… Y que hacemos lo posible para asegurar que tienen asesoría legal para presentar sus casos”, subrayó Muñoz.
Pese al revés del reciente fallo judicial, la Administración Obama mantiene su compromiso con una reforma migratoria integral y sigue adelante con otras partes de las acciones ejecutivas migratorias, como la campaña de ciudadanía, la modernización de algunos trámites de visas legales, y el cambio en las prioridades de deportación, según Muñoz.
Recientemente, el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans (Louisiana) se puso de parte de los 26 estados que demandaron para frenar la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido como “DAPA”.
Al apelar el fallo ante el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia argumentó que las autoridades federales tienen “discreción procesal” respecto al manejo de casos migratorios y que la corte de apelaciones “no debería tener la última palabra sobre si la política federal puede ser implementada”.
El freno a los alivios migratorios también “tendrá un extenso impacto humanitario irreparable” porque impedirá que cerca de cuatro millones de padres indocumentados que han vivido en EEUU durante años puedan tener estancia legal temporal y permisos de trabajo, dijo el documento.
También afecta a 6,3 millones de niños que viven en hogares con padres indocumentados, de los cuales 5,5 millones son ciudadanos estadounidenses, agregó.
La mayoría de los que se beneficiarían de la extensión del DACA y DAPA son personas trabajadoras, integradas a la sociedad, sin antecedentes penales y con pocas probabilidades de ser deportadas “dado los limitados recursos” policiales, explicó la agencia federal.
Se desconoce si el Tribunal Supremo aceptará estudiar la apelación de la Admnistración Obama pero, de ser así, su fallo definitivo sobre el asunto saldrá en junio de 2016.
La apelación, ocurrida horas antes de una protesta frente al Tribunal Supremo por parte de activistas de todo el país, fue aplaudida por una constelación de grupos cívicos, religiosos y sindicalistas, que han venido presionando a la Casa Blanca sobre el asunto.
Mientras tanto, decenas de activistas pro-inmigrantes también realizaron una protesta paralela frente a la Casa Blanca para presionar por la puesta en marcha de los alivios migratorios.
