Casi la mitad de niños en EEUU tiene al menos un padre con expediente criminal, dice informe

WASHINGTON.- Casi la mitad de la población de menores en EEUU, entre 33 millones y 36,5 millones, tiene al menos un padre con expediente criminal y, aún cuando ya han pagado su castigo, como fue el caso de la “señora Matos”, una madre en Filadelfia (Pensilvania), esa mancha puede ser una “sentencia” para toda la familia.

Así lo advierte un informe divulgado este jueves por el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), que describe las secuelas sociales y económicas que acarrea el expediente criminal de un padre de familia, aún si se trata de una infracción  menor.

Con o sin sentencia carcelaria, estos padres suelen enfrentar un rosario de obstáculos para conseguir empleo, vivienda, educación, capacitación laboral, asistencia pública o independencia financiera, y según CAP, esto se traduce en un castigo para sus hijos.

Fue el caso de la “señora Matos”, que no quiso ser identificada por su primer nombre pero, en un blog de “TalkPoverty” que complementa el informe, describió el calvario que vive para mantener a sus tres hijos de 6, 8 y 14 años, respectivamente.

Matos, de 32 años, fue detenida por la policía en 2006 por “conducta desordenada”, tras un altercado porque ella grabó con su teléfono cómo la policía golpeaba a un vecino.

Aunque obtuvo seis meses de libertad condicional y no pasó un solo día en la cárcel, su expediente criminal le persigue por todas partes, dijo Matos, quien desde entonces no encuentra empleo fijo porque en las planillas tiene que revelar la infracción.

Gana apenas $150 a la semana  trabajando a medio tiempo para el negocio de su hermano –una fracción de lo que ganaba antes-, y depende de cupones de comida para mantenerse a flote, indicó.

Impacto en comunidad latina

El informe no precisa cuántos padres latinos tienen expediente criminal pero, en entrevista con este diario, la autora del informe, Rebecca Vallas, dijo que el asunto golpea especialmente a las minorías.

“No pudimos incluir un desglosado demográfico por falta de datos precisos, pero sí puedo decir que el encarcelamiento afecta desproporcionadamente a los latinos”, dijo Vallas, directora de políticas contra la pobreza del CAP.

Los hombres latinos tienen 2,5 más probabilidades de ir a parar a una cárcel que los hombres blancos. Además, el 44% de los hombres latinos han sido detenidos a la edad de 23 años.

Esta “mancha” persigue a las minorías cuando buscan empleo, porque en muchos sitios tienen que revelar en una casilla infracciones criminales, y eso les cuelga una diana para la discriminación laboral, explicó Vallas.

 ¿Perenne castigo?

Las personas con expediente criminal acarrean una perenne condena a la pobreza, aún cuando han cumplido su sentencia: el 87% de los empleadores, el 66% de las  universidades y el 80% de los caseros revisan los antecedentes penales de los individuos cuando evalúan las solicitudes.

Esto, a su vez, limita la futura prosperidad de los niños porque la falta de oportunidades de sus padres afecta el ingreso y los ahorros de la familia, y su posibilidad de conseguir vivienda, con o sin subsidios.

Una sentencia carcelaria afecta además la estabilidad del núcleo familiar: los expresidiarios tienen tres veces más probabilidades de sufrir un divorcio que los que jamás han puesto pie en prisión, dijo el informe.

“Borrón y cuenta nueva”

Matos insiste en que personas como ella merecen “una segunda oportunidad” y obtener “un borrón y cuenta nueva”.

En ese sentido, Vallas dijo que “nadie merece cargar un letrero sobre su pasado (criminal) por el resto de sus vidas… si no se hace borrón y cuenta nueva, estas personas seguirán injustamente excluídas de oportunidades de empleo, vivienda y educación”.

Su informe se produce en unos momentos de gran debate nacional sobre una reforma del sistema de justicia criminal y la reducción de sentencias mínimas obligatorias por delitos de droga menores.

“La reforma de las sentencias es importante pero ¿De qué sirve que las personas cumplan sus condenas si después les cierran las puertas en las narices por ese expediente?… algunas volverán a delinquir y eso minará los esfuerzos de reducir el problema de encarcelamiento masivo en EEUU”, advirtió Vallas.

Según la experta, el Congreso y los estados deben adoptar políticas para sellar el expediente criminal de una persona condenada por delitos no violentos o menores, “después de cierto período y cuando la persona demuestra que se ha rehabilitado”.

El informe también recomienda, entre otras medidas correctivas, anular la prohibición de por vida a servicios de ayuda social y cupones de comida para personas condenadas por graves delitos de droga, y prohibir la discriminación en la vivienda para expresidiarios.

En la actualidad,  19 estados y más de un centenar de ciudades y condados han adoptado leyes para eliminar de formularios de empleo la casilla sobre el historial criminal de un solicitante, incluyendo California y algunas ciudades de Nueva York, según el Proyecto Nacional de Leyes Laborales (NELP, en inglés).