El 62% de los inmigrantes detenidos está en una cárcel privada bajo contrato con el gobierno
A pesar de las promesas de los precandidatos demócratas de que eliminarán a corporaciones privadas del negocio de detener inmigrantes para el gobierno, las cifras señalan que esta relación no ha hecho más que estrecharse cada vez con más contratos y más camas que llenar
El Departamento de Justicia dejará de usar cárceles privadas, pero aún no hay información sobre si el Departamento de Seguridad Nacional, que detiene a inmigrantes, hará lo mismo. Crédito: EFE
Mientras los precandidatos presidenciales demócratas prometen eliminar a las corporaciones privadas del negocio de detención de inmigrantes, un nuevo reporte revela que esto probablemente no será tan fácil debido a los profundos lazos contractuales que ya existen entre estas empresas y el gobierno federal: un 62% de los inmigrantes que en cualquier momento dado están tras las rejas en el sistema civil migratorio, está en un centro manejado por una gran corporación y no en un centro público.
Lejos de estabilizarse o disminuir, estos lazos de “negocios” entre el gobierno federal y las empresas de cárceles privadas, principalmente las multinacionales GEO Group y Corrections Corporation of America o CCA, han aumentado en los últimos años e incluso meses. En 2005, sólo el 25% de los inmigrantes detenidos estaban en centros que son propiedad o están manejados por una de estas empresas. Ahora, casi dos de cada tres inmigrantes está en una de estas cárceles privadas.
Es un gran negocio para las empresas, que desde 2005 han duplicado sus ganancias e invertido más de 20 millones de dólares en “cabildeo”, es decir, fondos destinados a impulsar sus intereses en Washington DC.
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De hecho, en el reporte presentado este viernes por el Centro para el Progreso Americano, una organización progresista con sede en Washington DC, se señala que el aumento en la cantidad de camas para inmigrantes que aprueba el gobierno federal ha ido al mismo paso y paralelamente a la cantidad de dinero en cabildeo a políticos que gastan las empresas.
“Los millones que las empresas de prisiones gastan en cabildeo han tenido muy buenos resultados para ellos y al mismo tiempo, han seguido garantizando que el Congreso apruebe un número mínimo de camas en centros de detención”, reza el reporte.
Hace apenas tres meses, por ejemplo, que el gobierno federal otorgó a una de las subsidiarias de GEO Group (GEO Care) un contrato para administrar un programa de libertad condicional para madres con menores que llegan a la frontera buscando asilo en este país, a pesar de que ha habido repetidos reportes denunciando malos tratos a estas familias en centros de la misma empresa, incluyendo un reciente informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos.
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“El gobierno ha venido expandiendo este programa, que pone grilletes electrónicos en inmigrantes que antes hubieran sido simplemente liberados en espera del proceso legal”, dijo Sharita Gruberg, analista de política de CAP y autora del informe. “Las empresas buscan la manera de ganar, no importa lo que pase”.
Gruberg indicó también que las empresas han insistido en mantener ese número mínimo de camas y también en incluir en los contratos con el gobierno federal algunas cláusulas que, por ejemplo, ofrecen descuentos por persona mientras más haya detenidas o que señalan que el gobierno se compromete a mantener un mínimo de ocupación en los centros privados.
“El gobierno de Estados Unidos debe examinar estos contratos, ellos tienen el poder de negociar, son el gran cliente”, dijo Gruberg. “Hay numerosos reportes de horribles condiciones y malos tratos en estos centros, así que no deberíamos tener negocios con empresas que no implementan los estándares del gobierno”.
Los intentos de obtener un comentario respecto a este reporte de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) responsable de aplicar la política migratoria del país, no recibieron respuesta este viernes.
