Preguntas y respuestas del caso de los Alivios Migratorios en la Corte Suprema

El próximo 18 de abril la Corte Suprema de la nación escuchará los argumentos a favor y en contra de la implementación de las acciones ejecutivas migratorias que ampararían temporalmente de la deportación a unos 5 millones de indocumentados mediante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ampliado) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes (DAPA). Ambas fueron giradas por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014, pero fueron frenadas, primero por el juez federal de distrito, Andrew Hanen, en Texas, quien falló a favor de 26 estados y procuradores, casi todos republicanos, que interpusieron una demanda para evitar que las acciones ejecutivas entraran en vigor. El fallo de Hanen fue sostenido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleáns. El Departamento de Justicia apeló la decisión y la Corte Suprema aceptó escuchar el caso United States v. Texas.

A continuación algunas preguntas y respuestas en torno al proceso:

P: ¿Será el 18 de abril próximo una fecha clave para los programas de acción diferida DAPA y DACA ampliado?

R: Es una fecha importante, pero no definitiva. La Corte Suprema conducirá una audiencia para revisar la demanda legal de 26 estados que ha bloqueado temporalmente estos programas girados para proteger de la deportación y conferir permisos de trabajo a unas cinco millones de personas que no son prioridad para la aplicación de la ley migratoria. La decisión de la Corte Suprema no se emitirá ese día.

P: ¿Qué considerará la Corte Suprema?

R: En principio, el máximo tribunal consideraría si Texas, estado que inició la demanda, tiene fundamento jurídico para retar la legalidad de las acciones ejecutivas. Si así fuera, la Corte Suprema analizaría, entre otras cosas, el alcance del poder ejecutivo del presidente, es decir, si Barack Obama actuó o no dentro de los parámetros constitucionales al girar las órdenes ejecutivas migratorias. Y de hecho, los jueces supremos les pidieron a ambas partes que expongan en sus respectivas ponencias si al girar las órdenes ejecutivas migratorias Obama violó su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales, en este caso las migratorias.

P: ¿Qué argumentan Texas y los otros 25 estados en su presentación ante la Corte Suprema?

R: Los abogados de Texas argumentan, entre otras cosas, que el presidente Obama excedió su autoridad constitucional al girar las órdenes ejecutivas para conceder ‘estatus legal’ a millones de indocumentados cuando técnicamente DACA y DAPA no crean un ‘estatus legal’, sino que amparan temporalmente a los indocumentados de la deportación. Según el abogado de inmigración, David Leopold, ‘estatus legal’ y ‘presencia legal’ son dos conceptos diferentes y los abogados de Texas intentan vincularlos para dar la errónea impresión de que Obama, de un plumazo, está concediendo ‘estatus legal’ a millones de indocumentados, cuando eso es imposible. “La esencia del argumento de Texas depende de perpetuar la confusión, inicialmente creada y explotada por el juez de distrito Andrew Hanen, sobre lo que dice la ley de inmigración y específicamente entre el concepto de ‘estatus legal’ y ‘presencia legal’”, escribió Leopold. Los demandantes argumentan que con las órdenes ejecutivas el presidente no está ejerciendo su responsabilidad constitucional de hacer cumplir las leyes migratorias, y también aducen que las órdenes ejecutivas se giraron en violación de la ley de Procedimiento Administrativo que exige un periodo de notificación y de comentarios del público.

P: ¿Perjudica el hecho de que la Corte Suprema esté incompleta tras la muerte del juez Antonin Scalia?  Al presente hay ocho jueces en lugar de nueve. ¿Cuáles serían algunos de los potenciales escenarios?

R: Cabe aclarar que las partes interesadas en que las acciones ejecutivas entren en vigor no contaban con que el juez Scalia los favorecería, de manera que el reto sigue siendo que una mayoría de los ocho jueces que hay al presente sí lo haga.

El mejor resultado sería que la Corte Suprema falle a favor del Departamento de Justicia y permita la implementación de DAPA y DACA ampliado.

La Corte Suprema también puede emitir un fallo dividido dependiendo de cuántos temas legales tome en consideración. Un resultado podría ser un fallo de 4-4 en todos los temas en consideración, en cuyo caso prevalecería la decisión del tribunal de menor instancia, en este caso el Quinto Circuito, y las acciones ejecutivas seguirían sin implementarse. Sin embargo, dada la complejidad de los temas en consideración, los posibles resultados pueden variar. Pero en caso de que prevalezca el fallo del Quinto Circuito, se buscarían alternativas legales para tratar de implementar las acciones ejecutivas en otras partes del país donde ese Quinto Circuito no tenga jurisdicción. La estrategia legal a seguir dependerá, claro está, de las opiniones que emita el Supremo.

El peor resultado sería un fallo en contra del Departamento de Justicia, ya que las acciones ejecutivas no entrarían en vigor y la Corte Suprema tendría la última palabra.

P: ¿Pero hay esperanza de que la Corte Suprema falle en favor de esos cinco millones de indocumentados y sus familias?

R: El análisis, la deliberación y el voto corresponderán obviamente a los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, expertos confían en que los precedentes legales favorezcan al gobierno y en que si los jueces consideran los méritos del caso, concluirán que el presidente actuó dentro de los parámetros constitucionales y, por ende, las acciones ejecutivas son legales.

P: Una vez escuchados los argumentos, ¿cuándo se anticipa un fallo por parte de la Corte Suprema?

R: El máximo tribunal completa su periodo de trabajo en junio, por lo cual es de anticipar que para entonces se defina el futuro de las acciones ejecutivas migratorias.

P: Es sabido que la solución óptima y permanente es una reforma migratoria amplia, ¿Qué pasa si la Corte Suprema falla en contra de las acciones ejecutivas migratorias?

R: La lucha por la reforma migratoria no ha cesado. En año electoral, y sobre todo en medio de la campaña tóxica y antiinmigrante que están conduciendo los aspirantes republicanos a la presidencia, es complicado que un Congreso de mayoría republicana considere un plan de reforma. De manera que la batalla continúa en 2017 cuando haya un nuevo o una nueva ocupante en la Casa Blanca y un Congreso capaz de querer negociar este politizado tema. En otras palabras, la batalla por una reforma justa sigue en pie. Y mientras esa reforma se concreta, prevalece la política de priorizar las deportaciones centrándose en quienes verdaderamente constituyan una amenaza a las comunidades y al país.

Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice