Licencias de conducir para indocumentados se suma a lucha por DAPA-DACA

WASHINGTON.- En su lucha por eliminar los alivios migratorios, Texas se queja de que tendría que gastar millones de dólares para la concesión de licencias de conducir para sus beneficiarios, pero ese argumento tiene “agujeros” y no encontraría apoyo en el Tribunal Supremo, aseguraron este viernes varios activistas.

Texas y otros 25 estados, la mayoría bajo control republicano, han presentado documentos legales en contra de los alivios migratorios ante el Tribunal Supremo, que el próximo lunes escuchará los argumentos orales de todas las partes del litigio.

En juego está el futuro de la ampliación del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y otro similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DAPA”.

Ambos programas beneficiarían a poco más de cuatro millones de inmigrantes indocumentados, que recibirían amparo temporal de la deportación y permisos de trabajo. En algunos casos, según el estado donde vivan, también pueden acceder a licencias de conducir.

Los demandantes, y grupos conservadores que los respaldan, buscan convencer a la opinión pública de que la Administración Obama se excedió en sus poderes ejecutivos al anunciar los alivios migratorios el 20 de noviembre de 2014, y además viola la separación de poderes estipulada en la Constitución porque sólo el Congreso puede hacer las leyes.

Argumentan que tienen derecho a demandar al gobierno

Dentro del complicado proceso judicial, los demandantes primero tienen que demostrar, sin dejar dudas, que tienen autoridad legal, o jurisdicción, para presentar su querella contra los alivios migratorios.

Texas cree tener la fórmula al insistir en que, aunque los conductores pagan $24 por una licencia, en realidad el costo para el estado sería de unos $200 para procesar cada  licencia. Entonces el costo total para Texas se multiplicaría de forma exorbitante si se toma en cuenta el número de adultos que pedirían las licencias de conducir.

Al menos una decena de estados y Puerto Rico ofrecen licencias de conducir para inmigrantes indocumentados, según este mapa del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés).

¿Verdades a medias?

Con ese argumento empieza a desmadejarse su caso, según expertos consultados por este diario, quienes apoyan la postura del Departamento de Justicia de que ese costo es indirecto y no ha sido una imposición del gobierno federal.

“Si Texas tiene algún costo vinculado con los programas de acción diferida es porque Texas tomó una decisión de emitir licencias de conducir para todos los conductores, en vez de cobrar tanto que desalentara a las personas. El gobierno federal no les está imponiendo este costo”, explicó Tom Sáenz, presidente de la organización hispana nacional MALDEF.

Está claro que las decisiones del gobierno federal tienen un impacto en los estados – y potencialmente un efecto indirecto en sus presupuestos-, pero si éstos demandaran en un tribunal por el efecto presupuestario indirecto de cada política federal “nuestro gobierno se paralizaría”, explicó Saenz.

El gobierno federal dijo en un documento legal que, por esa misma razón, el argumento de Texas es insuficiente, o de lo contrario “los estados forzarían disputas sobre un amplio gama de políticas federales”.

Por su parte, Alvaro Huerta, abogado del NILC, consideró que Texas “ha estado hablando verdades a medias” precisamente porque el subsidio de las licencias de conducir es un costo autoinfligido.

“La verdad es que Texas se beneficiaría enormemente de DAPA y DACA. De hecho, Texas obtendría casi $59 millones cada año en impuestos locales y estatales debido a DAPA, DACA y la expansión de ese programa”, agregó Huerta.

“El hecho de que Texas esté rechazando esta bonanza financiera para las arcas del estado sugiere que lo que verdaderamente está motivando esta demanda es la política”, enfatizó.

Según un análisis del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), 18 de los 26 estados demandantes llegarían a perder $ 91,900 millones en aumento de su Producto Interno Bruto en una década sin la adopción de los alivios migratorios.

En vísperas de la audiencia en el Tribunal Supremo, sin embargo, el Caucus Hispano del Congreso y grupos pro-inmigrantes de todo el país han organizado eventos y ruedas de prensa para destacar los beneficios sociales, económicos y de seguridad de los alivios migratorios.

Los ocho magistrados vitalicios del Tribunal Supremo analizarán cuatro preguntas en torno al caso “United States v. Texas”, comenzando por el asunto de si la demanda tiene fundamento legal y puede proceder.

No está claro cómo ni cuándo se pronunciará la máxima corte sobre ese asunto, del que depende el resto de las preguntas.  Se prevé que el fallo definitivo se produzca en junio próximo.