EEUU desembolsa $5,7 millones para ayudar en la reinserción civil de presos

El alto índice de encarcelamiento, especialmente entre comunidades pobres y minoritarias, afecta no sólo a los presos sino también a sus familias
EEUU desembolsa $5,7 millones para ayudar en la reinserción civil de presos

WASHINGTON.- La vida en prisión no es nada fácil pero tampoco lo es al recuperar la libertad, por lo que el gobierno federal anunció este lunes la entrega de $5,7 millones para programas en cuatro estados que ayudarán en la reinserción civil de jóvenes y adultos que han purgado penas carcelarias.

En el marco de la “Semana Nacional para la Reinserción” (National Reentry Week”, los departamentos de Educación y de Justicia han programado una serie de encuentros comunitarios para evaluar formas de ayudar a estudiantes y adultos a recuperar una vida normal fuera de prisión.

Durante una mesa redonda con maestros, líderes comunitarios y estudiantes que tienen o han tenido padres en prisión, el secretario de Educación, John King, explicó que un buen programa de reinserción funcionará sólo si cuenta con “planificación, apoyo y preparación”.

“Necesitamos que la comunidad trabaje junta para ofrecer capacitación laboral, apoyo social y emocional, y un esfuerzo concertado para garantizar el éxito” de los jóvenes y sus familias, y beneficia a la economía, dijo King.

Por ahora, el desembolso inicial está dirigido a programas en el colegio comunitario de Portland (Oregon), las escuelas públicas en Saint Paul (Minnesota), la Junta de Educación del Condado Shelby (Tennessee), y el distrito escolar de Filadelfia (Pensilvania).

Además de los fondos federales, el Departamento de Educación divulgó un conjunto de “herramientas” que ofrece una “guía” para maestros y otros profesionales que trabajan con la población estudiantil.

La meta es ayudar a las escuelas a crear un sistema que facilite la reinserción civil, y que incorpora elementos como una infraestructura de programas sociales; alianzas estratégicas; servicios de educación; un proceso de “transición” y sostenibilidad a largo plazo.

En días recientes, la fiscal general, Loretta Lynch, explicó que entre las ideas  para ayudar a los expresidiarios a dejar atrás la vida de delincuencia y encontrar “su hogar”, figuran ferias de trabajo, ayuda con entrevistas, y programas para fomentar las buenas relaciones entre los presos y sus familias.

Lynch pidió a todos los fiscales en los 50 estados del país a que programen eventos para este semana centrados en “cómo ayudar a los individuos a que regresen a sus comunidades de forma segura”.

El desembolso de fondos tiene el objetivo de prevenir el tipo de problemas de salud y conducta que afrontan niños y jóvenes cuando los padres se ausentan del hogar por estar en prisión.

Más de cinco millones de menores han tenido al menos uno de sus padres en prisión en algún momento de sus vidas.

El alto índice de encarcelamiento, especialmente entre comunidades pobres y minoritarias, afecta no sólo a los presos sino también a sus familias.

Según datos oficiales, cada año, más de 600,000 personas regresan a las comunidades tras cumplir sentencias en cárceles federales y estatales, y otras 11,4 millones purgan sentenicas en cárceles locales. Casi uno de cada cuatro estadounidenses ha tenido algún problema en el sistema de justicia criminal, la mayoría por infracciones menores no violentas.

Pero, en general, si el crimen fue reciente o de hace décadas, el reto sigue siendo el mismo: las personas con antecedentes penales viven por siempre con el estigma de haber estado en prisión y, por lo tanto, afrontan más dificultades  para llevar una vida normal.

 

 

 

Según un estudio de 2013, realizado entre personas que salieron libre de cárceles estatales, el 94% de los presos a punto de recuperar su libertad identificó la educación y el acceso a empleos como una pieza fundamental para su reinserción civil.

Los activistas que trabajan con la población carcelaria también señalan que, para evitar que las personas cometan más delitos y regresen a prisión, es necesario que éstos tengan acceso a una vivienda estable; un empleo digno; servicio de transporte, y apoyo emocional y social.

 

El anuncio de este lunes forma parte de la serie de encuentros programados por las autoridades federales con defensores públicos, centros de asistencia legal, y otros grupos cívicos en todo el país, para destacar programas que ayuden a expresidiarios e incrementen la seguridad pública.

 

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